21 de Noviembre de 2024
Edición 7096 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/11/2024

Una llamada en falso

La Justicia penal procesó a un hombre que realizó una llamada por una falsa bomba a un colegio de la Capital Federal. Para los jueces, su conducta se corresponde con el delito de intimidación pública.

En los autos “G. B., E. E. D. s/procesamiento-intimidación pública”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional procesó a un hombre que realizó una llamada por una falsa bomba a un colegio de la Capital Federal.

El acusado efectuó una llamada al 911 para dar aviso de la existencia de un artefacto explosivo y, según las grabaciones ofrecidas como prueba, expresó “hola, hay una re bomba, ¿sabes?", en alusión al colegio que asistía. Luego del mensaje, se procedió a evacuar el establecimiento hasta el arribo de las fuerzas de seguridad, que realizaron la inspección por intermedio del personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal, la que arrojó resultado negativo.

 

Para los jueces, su conducta fue idónea para producir, al menos, un efecto de alarma o temor en las personas presentes en la institución educativa, e incluso en los vecinos del lugar, por lo que corresponde encausarla como delito de intimidación pública.

 

Para argumentar su resolución, los magistrados explicaron que la llamada del procesado provocó el desplazamiento de los funcionarios policiales y la evacuación preventiva de la escuela. Asimismo, afectó el funcionamiento de la institución, ya que se suspendieron las actividades que se desarrollaban en el horario nocturno.

Por lo expuesto, los camaristas resolvieron rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa que planteó distintas argumentaciones en torno a la atipicidad del suceso. 

Finalmente, ante la imposibilidad de realizar el cotejo de voces, se comprobó que la titular de la línea desde la que se realizó el llamado corresponde a la madre del involucrado.

Para los jueces, su conducta fue idónea para producir, al menos, un efecto de alarma o temor en las personas presentes en la institución educativa, e incluso en los vecinos del lugar, por lo que corresponde encausarla como delito de intimidación pública.

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