La sutil “violencia simbólica” en las noticias judiciales

En los tiempos que corren, cuando se habla acerca de la comunicación, el periodismo y los medios, afloran apasionados debates que enlazan a la política, la historia y las ciencias sociales. 

También suelen aparecer en la escena cotidiana conceptos que se ponen de moda, aunque no siempre se haga el ajuste correspondiente, tanto con autores como con antecedentes y bibliografía sobre determinada temática.

Este ejemplo no es para criticar duro a quien así lo haga, pero sí para tomarlo como un disparador para una virtual puesta en debate.

Aparece la definición de violencia simbólica instaurada por la Ley 26.485 que, en principio, no confronta con la anterior definición, pero la hace más específica y tiene que ver con la estigmatización de la mujer en medios de comunicación y en distintas usinas culturales, empezando por la estatal.

Es el caso de la “violencia simbólica”, de la que muchos hablan en tertulias sociales y políticas para abordar asuntos de la agenda mediática o simplemente para desarrollar creatividad en su oratoria para tiempos de ocio.

Este tipo de violencia está muy alejada de alguna imagen bochornosa y repudiable de una represión y está alejada de lo físico y corporal, aunque para muchos merece los más serios cuestionamientos.  Es para algunos muy sutil y para otros es más evidente.

Pierre Bourdieu fue uno de quienes más trabajó al respecto.  Aludió, en su frondosa producción, al “poder de violencia simbólica” como la fuerza que, disimulando las relaciones de fuerza en las que se funda aquella, genera un dominio, de manera tal que los dominados se sientan solidarios con los dominantes.    Por supuesto que es mucho más compleja la trama y el desarrollo por el cual este autor llega a explicar esta construcción conceptual.  Pero lo importante es que él alude a esta tipología como un poder que impone significaciones producidas desde el seno de una minoría que domina y que tiene bajo su control a una mayoría.

Más cercana en el tiempo, aparece la definición de violencia simbólica instaurada por la Ley 26.485 que, en principio, no confronta con la anterior definición, pero la hace más específica y tiene que ver con la estigmatización de la mujer en medios de comunicación y en distintas usinas culturales, empezando por la estatal.

Rescatamos del artículo 5 de esta norma a una de las tipologías de “violencia simbólica”, como aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad".

Pareciera existir una naturalización de una práctica o conjunto de prácticas que derivan en variados ejemplos de violencia simbólica en los medios. Para esta oportunidad en nuestro análisis nos enfocaremos en la cobertura de noticias sobre temas policiales y judiciales.

Tomaremos, muy sintéticamente, dos ejemplos en donde podría advertirse o deducirse producción de violencia simbólica en tanto generación de discurso desde sectores dominantes – económicos, sociales o políticos- que pueden imponer significaciones.

Recuperamos aquí, como primer caso a la cobertura periodística que algunos diarios hicieron sobre el homicidio en ocasión de robo del ingeniero Ricardo Barrenechea ocurrido en 2008 en Acasusso, partido de San Isidro.  

Recordemos que fue un hecho noticiable muy resonante y se puso en agenda por la violencia física  sufrida por la víctima y su familia en San Isidro alimentando el debate sobre la problemática de la inseguridad urbana, la delincuencia juvenil y la edad de imputabilidad.

No son pocos quienes señalan que la puesta en agenda de la inseguridad a partir de un caso, por más emblemático que sea, puede vincular –y vincula según el pensamiento de muchos autores- con la producción de violencia simbólica, es decir, hacer ver una problemática generalizada a través de sólo un caso.  Uno es consciente de que las discusiones suelen incrementarse ante este tipo de interpretaciones, pero no se puede ocultar a toda una corriente académica que da cuenta de este tipo de construcciones.  

Pareciera existir una naturalización de una práctica o conjunto de prácticas que derivan en variados ejemplos de violencia simbólica en los medios.

En este particular, la producción de violencia simbólica se ve más allá de este primer enfoque de la imposición de una generalización inducida por un caso de alta trascendencia.  

Cabe recordar que, en alguna etapa de esa cobertura periodística en muchos diarios nacionales, hubo un fuerte choque de visiones o enfoques sobre la problemática de la inseguridad en San Isidro y tuvo que ver con su percepción.  En aquella época y sobre este caso, un ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, rechazaba una “situación de emergencia” propuesta por el poder político local, dado que las estadísticas del delito en el citado distrito no sustentaban ese  escenario que, en términos institucionales habilitaba a una mayor disposición de recursos para convocar a más efectivos y patrullas policiales.    

El funcionario de entonces parecía así responder a una embestida interpretativa de “newsmakers” o voceros vecinales e institucionales que apuntaban al caso como un “hartazgo de la inseguridad” por una sucesión de cerca de cinco o seis casos delictivos en poco tiempo.   A esta embestida, Stornelli respondía con algún estudio cuantitativo que por más fundamentado que estuviera, cedía como significación periodística ante la otra imposición de significación generada desde un sector económico y social de mucha influencia en algunos medios, al punto tal que los mismos le asignaban prioridad sobre alguna otra interpretación que intentara ocultarla o subordinarla. Válido es decir que, desde un invocado “sentido común” siempre un caso como el ocurrido con el ingeniero Barrenechea puede suscitar una importante sensación de inseguridad.

El otro caso emblemático y que es muy interesante destacar, tiene que ver con un caso de abuso sexual perpetrado por tres hombres sobre una joven en el partido bonaerense de General Villegas, ocurrido en 2010.  

General Villegas es plena zona rural, donde muchos atribuyen la naturalización y generalización de un discurso dominante engendrado en sectores económicos de alta gravitación con fuerte tradición en el lugar.  Se sumó a ello una instalada visión que subordina y aleja a la mujer de una situación de igualdad de género. Con el caso se dio toda una serie de condiciones para denunciar la violencia simbólica de la Ley 26.485.

Lo más fuerte y aberrante que tuvo visibilidad en la cobertura del caso fue, entre tantos ejemplos, la famosa marcha de vecinos para apoyar a los imputados dado que, en opinión del citado sujeto colectivo, debía establecerse o imponerse el atenuante de un caso “simple de abuso y no de violación” agregando a ello ciertas “condiciones” de la víctima, que la revictimizaban. 

Fue, tal vez, una evidente producción de violencia simbólica más clara que el caso anterior y con una identificación más fácil respecto del sector dominante que producía o alentaba este tipo de pensamientos que, desde un enfoque más vinculado a Antonio Gramsci, está más enraizado en una dominación cultural. 

Se dio, sobre el caso “Villegas” una cuestión muy particular y hasta paradójica desde lo político, en la cual esa marcha fue criticada duramente por medios nacionales sin distinción de ideología, aún aquellos en los cuales cierta doctrina ubicaría con lazos afectivos hacia sectores de una poderosa minoría política y económica.

El estado del arte de las últimas décadas permite estudiar a la “violencia simbólica” como concepto enriquecedor, pero que clausura el debate.  Permite establecer una radiografía del discurso como práctica, por caso, desde la producción en medios de comunicación en un sistema capitalista y también democrático. Donde esa tensión hace justamente más enriquecedora la discusión.

El escenario así planteado habilita a reflexiones políticas mucho más profundas, con un espectro que va desde la demonización, pasando por el cuestionamiento y llegando a la pasividad sobre los medios frente a la producción de noticias judiciales.

Así las cosas, se hace permanente el juego por saber quiénes y cómo deciden influir para configurar determinados enfoques periodísticos o cómo los medios, apoyados en distintos sectores, avanzan con sus formas de saber hacer en el procesamiento de hechos noticiables judiciales.    En donde, la primera conclusión da cuenta de un periodismo más incisivo sobre la temática judicial. Con una distinta selección de fuentes –no sólo las estrictamente judiciales-, abandonando el rol de divulgador –especialmente en casos de agenda- y abrazando un rol más interpretativo.

Por el momento, saber si la producción de “violencia simbólica” en noticias judiciales es notoriamente intencionada o es parte de un proceso de naturalización en la subjetividad del periodista forma parte de debates y estudios muchos más amplios.

* Martín López Lastra es Doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y autor de la tesis: "La condena anticipada” en la cobertura de noticias judiciales en diarios de la República Argentina.