A través del decreto 1056/2018 el Gobierno de Mauricio Macri ordenó convertir el predio de Campo de Mayo en una reserva ambiental. En consecuencia, los organismos de Derechos Humanos repudiaron la decisión y desde Abuelas de Plaza de Mayo realizaron una presentación judicial en la ONU. Desde el organismo que preside Estela de Carlotto manifestaron su preocupación a través de un comunicado y manifestaron que la decisión del Poder Ejecutivo pone en riesgo la preservación de un espacio fundamental para la búsqueda de Verdad, Memoria y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército argentino durante la última dictadura cívico militar. En el lugar funcionaron tres centros clandestinos de detención, allí permanecieron alrededor de cinco mil víctimas y se estima que más de 30 bebés nacieron en esas dependencias durante el cautiverio de sus madres. Por último, advirtieron sobre la falta de participación y consulta a las víctimas y a la sociedad civil en las medidas que se vienen llevando adelante con respecto al lugar de memoria e investigación que constituye Campo de Mayo, violando uno de los pilares básicos del derecho internacional en la materia.