El camarista Ricardo Recondo será el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura. La situación del juez Soto Dávila y el pago de Ganancias fueron los ejes del primer Plenario.
El Consejo de la Magistratura de la Nación eligió a sus nuevas autoridades. El juez Ricardo Recondo será el nuevo presidente del organismo durante un período y Marina Sánchez Herrero, representante de los abogados del interior, se desempeñará en el cargo de vicepresidente. La designación contó con el apoyo de todos los estamentos.
Recondo es juez de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal y fue elegido como representante del estamento por la Lista Bordó. El flamante presidente conoce de cerca el funcionamiento del Cuerpo, dado que fue consejero entre 2010 y 2014. “Voy a tratar de que este Consejo se maneje con armonía”, dijo Recondo, quien asumió el cargo en medio de aplausos.
La renovación de autoridades se dio en el marco de la primera reunión de la nueva conformación y contó con la presencia de los 13 consejeros, quienes también consensuaron la designación de los miembros y autoridades de las Comisiones.
De este modo, la Comisión de Disciplina y Acusación, encargada de investigar las denuncias contra magistrados por mal desempeño, será presidida por el jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, quedando la vicepresidencia a cargo del diputado nacional del Pro Pablo Tonelli. En los próximos días, la Comisión deberá definir la distribución de los expedientes en trámite que “heredaron” de la antigua conformación.
Durante la reunión, el Plenario decidió citar al juez Soto Dávila en el marco del artículo 20 del Reglamento, esto es, una especie de declaración indagatoria.
La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, encargada de realizar los concursos públicos para cubrir las vacantes judiciales, será presidida por el juez Juan Manuel Culotta. La vicepresidencia, por su parte, quedó en manos del académico Diego Molea.
El representante de los abogados porteños, Juan Pablo Más Vélez, fue designado como presidente de la Comisión de Administración y Financiera, que contará con el juez Alberto Agustín Lugones como vicepresidente. Finalmente, la Comisión de Reglamentación quedó en manos de la senadora radical Olga Inés Brizuela y Doria y la vicepresidencia a cargo del diputado por el FpV Eduardo "Wado" De Pedro.
Soto Dávila contra las cuerdas
El titular del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quedó en el ojo de la tormenta por presuntos vínculos con el narcotráfico. El magistrado fue acusado de ser el supuesto jefe de una asociación ilícita y de beneficiar con sus decisiones, a cambio de grandes sumas de dinero, a sospechosos en causas de narcotráfico.
Durante la reunión, el Plenario decidió citar al juez Soto Dávila en el marco del artículo 20 del Reglamento, esto es, una especie de declaración indagatoria. A fin de disponer los detalles de los cargos y pruebas en cada uno de los expedientes, la Comisión de Disciplina se reunirá el próximo martes 18 a las 10 horas.
El futuro del magistrado, quien acumula un total de 14 denuncias, recién será definido en febrero, cuando finaliza la Feria Judicial de verano. La investigación podría derivar en su suspensión, juicio político y remoción.
Su caso presenta grandes similitudes con el del ex juez federal de Orán Raul Reynoso, quien renunció a su cargo cuando estaba a un paso de enfrentar el juicio político. Reynoso fue imputado por ser el presunto jefe de una organización dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho favorables a imputados por narcotráfico. El juicio se encuentra en la etapa de alegatos y próximamente se conocerá la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta.
Ganancias sobre la mesa
Otro tema planteado en la reunión fue el pago del Impuesto a la Ganancias. Puntualmente, los jueces Lugones y Culotta solicitaron convocar de forma urgente a la Comisión de Administración y Financiera para analizar los detalles de su implementación.
En un fallo dictado recientemente, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la medida cautelar a favor de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que impedía la aplicación de la ley que obliga tributar Ganancias a los jueces nombrados desde el 1 de enero de 2017.
Aunque el Máximo Tribunal ya se expidió sobre la cuestión, el tema sigue generando polémica. Algunos integrantes del Poder Judicial reclaman que se suspendan los descuentos hasta que se aclare la situación y otro sector, más moderado, exige una reglamentación clara.