La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra el exj uez federal José Antonio Charlín por una serie de delitos cometidos mientras subrogó el Juzgado Federal de Santa Rosa.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, confirmó la condena a cinco años de prisión para el ex juez federal José Antonio Charlín por una serie de delitos cometidos mientras subrogó el Juzgado Federal con asiento en Santa Rosa, provincia de La Pampa.
En mayo último, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa condenó a Charlín a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que tengan cualquier tipo de vinculación con el servicio de administración de justicia por el termino de diez años.
El Tribunal lo consideró autor penalmente responsable de nueve hechos que se le imputaban, entre los que se cuentan reiterados episodios de acoso sexual, laboral y amenazas a empleados y empleadas del juzgado que encabezaba, así como la compra de bienes y renovación mobiliaria con dinero perteneciente a la Secretaría Electoral, daños a bienes de uso público y coacciones.
El exj uez federal de General Pico llegó al juzgado en junio de 2013, para subrogar en la vacante de Pedro Vicente Zabala, quien se encontraba de licencia por una grave enfermedad. Algunos meses más tarde, el Consejo de la Magistratura de la Nación recibió diversas denuncias de empelados y funcionarios de la dependencia por maltratos y acoso.
Esta situación derivó en la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. El ex juez renunció al cargo antes del comienzo del jury, pero la causa penal continuó en la provincia.
El juicio comenzó en marzo y a los largo de las audiencias declararon decenas de testigos, en su mayoría mujeres, que brindaron detalles de los padecimientos recibidos por parte del ex juez federal. Charlín apeló la condena dictada por el TOF de Santa Rosa, pero la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso tras considerar “contundente la univocidad de los discursos de las víctimas” quienes relataron en forma “concordante y bajo un mismo modus operandi situaciones violentas en las cuales el condenado fue el protagonista, en un claro abuso de su función de juez”.
“De la lectura de la sentencia, surge minuciosamente descripto el contexto en el cual sucedieron los hechos, todos con una similar modalidad, que consistió en que el imputado, valiéndose de su cargo como juez, con violencia y amenazas intimidó a sus empleados y otras personas, creando un contexto de miedo generalizado y temor reverencial hacia su persona. Misma conducta abusiva se acreditó en el manejo unilateral y a libre albedrío de los fondos públicos”, dijo Hornos en su voto.
El camarista resaltó que todas las empleadas judiciales “manifestaron haber recibido o escuchado en alguna ocasión, algún comentario despectivo sobre las mujeres”, y que estos comentarios “generaban temor y reducción del ámbito de libertad de las víctimas”.
Borinsky, a su vez, advirtió que el cúmulo probatorio reunido brinda un “grado de certeza apodíctica que requiere todo pronunciamiento condenatorio”, y que los “extremos vertidos en la acusación se encuentran comprobados en la causa y fueron debidamente tipificados por los jueces de la instancia previa en la sentencia impugnada”.
Los hechos
El Tribunal consideró probado una serie de delitos como, por ejemplo, la compra de varios sillones, un televisor, un reproductor y sanitarios. Las adquisiciones por orden, cuenta y voluntad del ex juez alcanzaron un total de $32.971.
En segundo lugar se le atribuyó el delito de abuso sexual simple en grado de tentativa en situación de violencia de género. Este hecho se vincula al intento de acoso sexual a la secretaria penal del juzgado, Iara Silvestre, quien relató una serie de situaciones e incluso describió las repetidas referencias del ex juez sobre sus pechos y su físico.
El tribunal también tuvo por acreditado las amenazas, humillaciones, violencia física, verbal y psicológica que padecían los empelados y funcionarios. “Los voy hacer mierda a todos”, gritó en una oportunidad, según el relato de los testigos.
“La acción descrita fue la concreción máxima – a la que Charlin pudo llegar- al cabo de un conjunto de expresiones verbales y acercamientos físicos, de significación sexual, que el acusado le venía destinando a la víctima, abusando siempre de la supremacía funcional que le otorgaba su cargo”, señaló el fallo.
También se le endilgó daños a bienes de uso público. A respecto, el Tribunal tuvo por debidamente probado que Charlín rompió “con un golpe, durante un ataque de furia, parte del machimbre que se encuentra recubriendo las paredes de la Secretaría Privada del Juzgado Federal de La Pampa”, y que además rompió de una patada la cuerina de un sillón que se encontraba en la planta baja del pasillo, en las inmediaciones de la Secretaría Electoral.
El Tribunal también tuvo por acreditado las amenazas, humillaciones, violencia física, verbal y psicológica que padecían los empelados y funcionarios judiciales. “Los voy hacer mierda a todos”, gritó en una oportunidad, según el relato de los testigos.