Un informe estadístico sobre el estado del proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad alertó sobre la disminución del ritmo del dictado de sentencias y el aumento del arresto domiciliario.
Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), durante 2018 disminuyó el ritmo del dictado de sentencias. También se redujo el número de personas detenidas, lo que consolida al arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante.
El informe presenta un diagnóstico estadístico sobre el estado del proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina. El mismo se basa en los datos remitidos por las fiscalías y Unidades fiscales de todo el país.
En 2017 se había detectado un aumento en el ritmo con el que se dictaban sentencias de juicio, pero este número disminuyó en 2018 por las persistentes demoras en diferentes instancias del proceso, debido a las dificultades para conformar los Tribunales intervinientes o la actividad recursiva de las partes que produce dilaciones en la tramitación.
En el último año se dictaron 17 sentencias. De este modo, la tendencia decreciente registrada entre 2014 y 2016, que se había revertido en 2017, vuelve a presentarse este año. Desde 2010 que no se registraba una cantidad menor a 20 sentencias por año.
Asimismo, el informe destaca el “persiste un número estable de causas en etapa de instrucción, que constituyen la elevada cifra del 45% del total de causas en trámite: casi la mitad de las causas que hoy están activas, tienen aún por delante prácticamente todo el recorrido del proceso penal”.
Los datos muestran que insume un promedio de cinco años que una causa se eleve, se realice el juicio, y se confirme o no la sentencia en las instancias recursivas posteriores. “Persiste un número estable de causas en etapa de instrucción, que constituyen la elevada cifra del 45% del total de causas en trámite: casi la mitad de las causas que hoy están activas, tienen aún por delante prácticamente todo el recorrido del proceso pena”, indicó.
En 2018, obtuvieron sentencia un total de 108 personas, menos de la mitad que en 2017. De ellas, 91 fueron condenadas y 17 absueltas. Así, de las 17 sentencias dictadas en 2018, 7 fueron por uno, o máximo dos imputados.
En cuanto a las personas detenidas y las modalidades de arresto, el documento señala una reducción significativamente el número de personas privadas de su libertad en el marco del proceso de juzgamiento.
En relación con las personas sentenciadas sólo el 27% de los condenados y el 15% de los absueltos tienen sentencia firme. “Indica que continúan las demoras en las instancias recursivas”, destaca el informe.
La instancia de juicio demora en promedio 3,6 años desde la elevación hasta que el Tribunal Oral Federal presenta los fundamentos de la sentencia, y las instancias recursivas demoran en promedio 3,4 años desde la presentación de los recursos contra la sentencia y su resolución tanto por Cámara Federal de Casación Penal como por la Corte Suprema de Justicia. A esto se suman los reenvíos que ambas instancias realizan hacia los tribunales de origen.
En cuanto a las personas detenidas y las modalidades de arresto, el documento señala una reducción significativamente el número de personas privadas de su libertad en el marco del proceso de juzgamiento.
También se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante entre las personas privadas de su libertad por crímenes contra la humanidad (65% del total). Esa tendencia se profundiza aún más en el universo de personas mayores de 70 años, para las cuales se eleva al 77% de los casos, y al 82% si consideramos entre ellas a quienes fueron condenadas pero aún no tienen su sentencia firme.