La Sala I del tribunal ordenó además que “se profundice la investigación” respecto de las presuntas responsabilidades de quienes representaron al Estado Nacional, en las jerarquías superiores a quienes ya fueron procesados.
Los jueces Horacio Vigliani y Martín Irurzun se pronunciaron así en un fallo de unas 60 carillas en las cuales fueron procesados 17 involucrados.
De la resolución no participó el otro integrante de la Sala, Grabriel Cavallo, porque fue quien se hizo cargo de la instrucción tras la renuncia del ex juez Carlos Liporaci.
Entre los procesamientos confirmados se cuentan los del ex titular de la DGI, Ricardo Cossio, y el ex presidente de IBM,Ricardo Martorana.
En la causa se investigan las presuntas irregularidades surgidas en la contratación por la provisión de programas informáticos por alrededor de 500 millones de pesos, en una causa similar al expediente IBM-Banco Nación.
Los camaristas, ante la similitud de esos hechos ordenaron que se establezca la existencia de un presunto "modus operandi" que conduzca a la existencia de "una organización criminal tendiente a defraudar al Estado a través de la comisión de delitos mediante la suscripción de contratos deinformatización".
En la resolución conocida hoy los magistrados confirmaron los procesamientos por administración fraudulenta (reiterados en dos hechos) de Cossio, cuyos bienes fueron embargados en 2.500.000 pesos y de Daniel Hurrell (2.000.000),entre otros.
La medida también alcanza a Francisco Ramón Figueira(500.000), Mara Eugenia Dallorso (150.000) y al presidente de IBM, Ricardo Orfirio Martorana (2.000.000).
También se confirmaron los procesamientos de otros ex directivos de IBM: Gustavo Soriani (2.000.000), Alberto Minazzoli (1.000.000),Eduardo D´Alessandro (1.000.000), Carlos Krieger, Antonio Altieri, Eduardo Novillo Astrada, Horacio Pasman, Carlos Juni y Félix de Barrio (150.000 pesos).
Asimismo, fueron confirmados los procesamientos de Juan Carlos Cattáneo, vinculado a través de una empresa prestataria, y Liliana Almosni de Sananes (ambos 1.500.000).
Según expresaron los magistrados los directivos de la DGI "contrajeron obligaciones abusivas utilizando fondos públicos en perjuicio del Estado", pero para llevar a cabo las maniobras "se contó con la imprescindible participación de IBM Argentina que resultó adjudicataria de los sistemas informáticos"