El fiscal federal Pablo Recchini presentó hoy ante el juez que tiene a su cargo el expediente, Jorge Luis Ballestero, un extenso escrito en el cual reclama que Liporaci justifique su incremento patrimonial, y en particular 91.107,77 dólares que formaron parte de un total de 662.028, ya que la investigación de los ingresos y egresos de su grupo familiar no alcanzan a cubrir aquella suma.
Liporaci renunció hace casi dos años, acosado por las denuncias en su contra y cuando tenía a su cargo la causa por el presunto pago de sobornos en el Senado, cuando se tramitaba la Reforma Laboral, durante el gobierno de la Alianza.
En el dictamen se formula un pormenorizado informe de los ingresos y gastos de la familia Liporaci, así como también la forma en la que el ex juez obtuvo dos préstamos para la adquisición de la vivienda.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el representante del Ministerio Público, al 7 de julio de 2000 , cuando adquirió la propiedad, Liporaci “pudo razonablemente disponer de la suma de 31.008,15 pesos, la que unida a los 39.212,08 que había declarado tener en su poder” en febrero de ese mismo año, arroja un total de 70.22,23 pesos en concepto de ahorros.
Si a ese monto –señala Recchini— se le suman los dos préstamos que gestionó para la adquisición de la casa por 210.700 y 160.000 respectivamente y el dinero en efectivo que obtuvo por la venta de su anterior departamento (161.328), aún falta justificar un faltante de 91.107,77 dólares.
Además, al fiscal le llamó la atención “los canales de financiación a los que Liporaci recurrió para llegar a completar el exhorbitante precio pagado a cambio de su actual vivienda” y en especial “las condiciones en que se pactaron no llevan menos que a dudar de su razonabilidad”, dado que el ex juez “contrajo deudas por la suma de 370.700 dólares, es decir por poco más del 60 por ciento del valor de la propiedad, unido a la circunstancia de que a cambio de ello se comprometió a pagar intereses mensuales de 5400 pesos por un año, por lo menos”.
Recchini hace referencia a uno de los dos prestamos obtenidos mediante una hipoteca del inmueble a favor de Guido Torresi y el restante de la Cooperativa Cofiarsa, quienes fueron investigados mediante la solicitud de informes, los que arrojaron serías irregularidades en cuanto al funcionamiento de esta última, que era presidida por José Levy, quien justificó el dinero al sostener que lo había obtenido de un financista del Uruguay.
“Resulta sumamente impropio para quien debe dar ejemplo de transparencia y honestidad a la sociedad por ser quien imparte justicia a sus conciudadanos, recurrir a una cooperativa de los antecedentes como Cofiarsa para procurar hacerse de un préstamo”.
Es más, pese a lo deteriorado de sus finanzas, el informe sostiene que el 8 de julio de este año Liporaci canceló un vencimiento por 100 mil dólares, o su equivalente en pesos 360.000, lo que “despierta un grave interrogante acerca del origen de esos fondos”.