La Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó su desacuerdo con el gobierno de Panamá ya que aún no cumplió con una sentencia del tribunal internacional en el cual había dispuesto que se debía indemnizar a 270 trabajadores estatales que había sido despedidos en 1990 tras haber participado de un paro en ese año contra el entonces presidente Guillermo Endara.
Cuando el tribunal falló a favor de los empleados dispuso que los mismos debían ser reincorporados a sus puestos o en su defecto los mismos tenía que ser indemnizados tras haber sido despedidos
El caso, que los jueces resolvieron en febrero de 2001, se produjo a raíz de que 270 trabajadores estatales del área de electricidad y telecomunicaciones realizaron una manifestación antigubernamental, la cual coincidió con una revuelta en las fuerzas policiales y militares, por lo que el gobierno relacionó ambos hechos y despidió a los empleados públicos.
Los integrantes de la Corte calificaron de "improcedente" que el Estado gravara con el impuesto sobre la renta las indemnizaciones otorgadas en aparente cumplimiento de la sentencia, al tiempo que dejó sin efecto un documento que se obligó a firmar a las víctimas, con cantidades menores a las ordenadas por la Corte.
Ante esos hechos, los jueces resolvieron que Panamá deberá determinar de nuevo las cantidades específicas correspondientes a los salarios caídos y otros derechos laborales de cada una de las víctimas.
Asimismo, con el fin de comprobar el cumplimiento exacto de la sentencia, la Corte ordenó al Estado presentar un informe detallado a más tardar el 30 de junio del 2003.