La posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie respecto de la redolarización de los depósitos bancarios antes de fin de año parece cada vez más lejana, ya que la designación de los conjueces permanece trabada y la excusación de dos de ellos generó que el alto tribunal convoque para el próximo viernes un acuerdo de emergencia para solucionar este tema.
La decisión fue tomada por los ministros de la Corte a raíz de que los camaristas Horacio Vigliani y Ricardo Lona decidieron excusarse de intervenir en el tema, lo que motivó una nueva convocatoria , esta vez a conjueces suplentes, que deberán decidirse sobre los recursos que presentaron sus pares.
El tema no parece nada sencillo ya que los jueces primero tendrán que resolver las excusaciones de los conjueces titulares para que de ese modo se puedan expresar sobre los casos de Carlos Fayt y Enrique Petracchi y recién luego de esto se podrá empezar a trabajar sobre el caso de la ahorrista Mirta Beratz.
Sobre el tiempo que llevará dilucidar el tema, algunas fuentes de la Corte dejaron entrever que no es descabellado pensar que por el cuarto piso del Palacio de Justicia comience a circular un pedido de habilitación de feria, para que los jueces durante el receso de verano continúen trabajando sobre el tema.
Al parecer, Vigliani se excusó porque es un deudor hipotecario y entonces se encontraría alcanzado por la pesificación, mientras que Lona adoptó la misma actitud que tuvo en su provincia, cuando no participó en casi un centenar de causa vinculadas al corralito.
De la original lista de conjueces hasta el momento el único firme es Santiago Kiernan, de la Cámara de Comodoro Rivadavia, quien según trascendió estaría dispuesto a tomar parte de estos temas.
Los conjueces suplentes que serían convocados el próximo viernes serían el presidente de la Cámara de Rosario, Eduardo Bello, y su par de Bahía Blanca, Ricardo Planes. En el caso de este último recordemos que es de la misma ciudad que Beratz, por lo cual existe la posibilidad de que también se excuse o que sea recusado por el Estado Nacional.