El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Adolfo Vázquez recurrió al fuero federal para denunciar la comisión de los presuntos delitos de "coacción agravada en grado de tentativa" y por "violación del secreto bancario" en los que habrían incurrido una abogada particular y el Banco Central, cuando lo recusaron reclamando se aparte del expediente Beratz, el caso testigo de la pesificación.
Esa fue la vía que eligió el ministro para referirse a los dos recursos que se presentaron en la Corte Suprema con el fin de que el alto magistrado no participe en los temas referidos a la redolarización, ya que aducían que Vázquez tenía depósitos reprogramados y bonos cedros, constituyendo al parecer una causal para que se apartara del tratamiento de estos temas.
El ministro, fue duro al referirse a la abogada Estela Iribarren, ya que la calificó de "ignota letrada", al tiempo que aseveró que ésta no tenía "ninguna relación con el asunto en trámite" tal como era el expediente de la ahorrista Mirta Beratz, quien reclama en contra de la pesificación de sus depósitos.
Esta letrada presentó el último viernes la recusación del ministro ante la Corte invocando tres depósitos a plazo fijo reprogramados que ameritaba, según su opinión, apartarlo del caso, pero el reclamo fue rechazado.
Vázquez, en su querella, fue claro y enfatizó que "la maniobra pueril tuvo el efecto deseado" dado que el centro del debate pasó del fondo del asunto a la consideración del informe que tuvo que presentar a sus pares en donde debió dar "las explicaciones del caso".
Respecto de la presentación del Banco Central, aseveró que esta entidad "no tenía ni arte ni parte" en el caso, y que entonces se intentó una "improcedente recusación con causa sobre la base de una serie de generalidades".
Para Vázquez el accionar del Banco, mas allá de la "carencia total de sustento jurídico", tuvo como única virtud el hecho de blanquear el pedido de "la audaz letrada en una causa en la cual en modo alguno se justificaba su intervención".
En las presentaciones que recayeron en el juzgado a cargo de Jorge Urso, el ministro detalló los artículos periodísticos que mencionan la presión que ejerce el gobierno a la Corte ante el eventual fallo de redolarización que emitiría en los próximos días.
Al respecto fue muy fuerte y aseveró que se avizora en el futuro inmediato la promoción de nuevos pedidos de juicio político con "el desembozado propósito" de evitar por todos los medios posibles su intervención "en esta y otras causas en trámite".
Al respecto citó informaciones de algunos medios de comunicación que dan cuenta de que la intención del Gobierno no es echar a Carlos Fayt o a Adolfo Vázquez de la Corte sino que apuesta a hostigarlos -mediante el juicio politico- hasta que cambien de parecer.
Además, pidió que se investigue la presunta violación de secreto bancario que podría alcanzar al Banco Central o a quienes evidenciaron sus cuentas por infringir el artículo 157 bis del código penal, ya que a su entender se accedió "ilegítimamente" a esos datos que están protegidos por el secreto bancario.