Corte sin corona

Tras los anuncios dispuestos por el Gobierno Nacional el domingo por la tarde, ordenando el cierre de fronteras y de lugares de concentración de público, todos los ojos del mundo judicial estaban en el seno del cuarto piso de Tribunales, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación discutía sobre la procedencia de decretar asueto a partir de este lunes, lo que finalmente se plasmó este lunes, con la delcaración de días inhábiles desde el 16 al 31 de marzo, con atención por parte de magistrados y funcionarios.

Al inicio de la jornada hubo incertidumbre, ya que no hubo decisión al respecto y el lunes Juzgados, Fiscalías, Defensorías y Cámaras amanecieron con incertidumbre. Los titulares de cada dependencia terminaron por decidir decretar o no la suspensión de sus funciones y la decisión de resolver sólo cuestiones urgentes: la presión viene desde abajo.

Primero fue el Consejo de la Magistratura porteño, que el domingo por la noche comunicó el cese de actividades – salvo en el caso del TSJ de la Ciudad-, y con el correr de la mañana comenzaron a llegar las noticias de más suspensiones. Corrientes, Chaco, Misiones, Provincia de Buenos Aires decretaron feria extraordinaria desde 16 hasta el 31 de marzo, sólo con atención de asuntos urgentes.

En el ámbito de la Justicia Nacional y Federal, la Cámara del Trabajo se reunió en pleno y resolvió suspender todas las audiencias hasta el 31 de marzo. Horas antes, el Tribunal Oral Federal nº 2 suspendió la audiencia prevista para el juicio por la llamada “Obra Pública”.

La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales apunta a seguir medidas “tendientes a mitigar los efectos de la enfermedad, entendemos que los ambientes donde se desarrolla la tarea judicial no permiten respetar las pautas de distancia, adecuada ventilación, de prohibición de reunión y concurrencia de gran número de personas"

Por su parte, la Procuración General de la Nación recomendó a los titulares de las fiscalías y dependencias del Ministerio Público Fiscal que, de manera excepcional, a partir de este lunes y hasta el 31 de marzo próximo, la asistencia de agentes “se limite a lo estrictamente necesario para la adecuada prestación del servicio”, y decretó licencia para el personal que se encuentre en condiciones de riesgo. En la misma línea se pronunció la Defensoría General de la Nación.

Mientras tanto, los abogados siguen con incertidumbre: no saben si asistir a audiencias, atender vencimientos o prepararse para un nuevo receso. Cabe recordar que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal solicitó la semana anterior que se decrete feria extraordinaria, algo que también se pidió desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Su secretario general, Julio Piumato, anunció que va a decretar paro sanitario a partir de mañana con guardias y teletrabajo para atender urgencias.

Los Tribunales de Alzada también ejercieron presión. La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, elevó una nota a la Corte en la que  “considera necesario la declaración inmediata de feria judicial, por el lapso que el Máximo Tribunal estime pertinente, acorde a las medidas extraordinarias establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y que la misma Corte Suprema ha evaluado para el dictado de la Acordada 3/20 y Resolución 514/2020”.

El texto, suscripto por el camarista Javier Leal de Ibarra apunta a seguir medidas “tendientes a mitigar los efectos de la enfermedad, entendemos que los ambientes donde se desarrolla la tarea judicial no permiten respetar las pautas de distancia, adecuada ventilación, de prohibición de reunión y concurrencia de gran número de personas, además del tránsito permanente de quienes integramos el Poder Judicial, profesionales y de los justiciables, que también deben verse preocupados ante este situación epidemiológica y frente a la imposibilidad de adoptar otras medidas de precaución que eviten contagios”.

Los antecedentes de suspensión de actividades se remontan a fines del siglo XIX, cuando en 1871 la Corte declaró receso desde el 1º de abril hasta el 1º de mayo debido a la epidemia “que diezma la población”, que hace “imposible y además injusto resolver causas judiciales”. En 2009, el Máximo Tribunal dispuso la extensión de una semana de la feria judicial de invierno, como medida preventiva por el avance de la gripe A (H1N1).