“Colores” y Julio Simón, Alias “El Turco Julián” fueron procesados en la causa por la desaparición del matrimonio Poblete, en la cual el ex juez federal y actual camarista de ese fuero Gabriel Cavallo dictó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia debida y Punto Final.
El pedido para que Del Cerro cumpla prisión en su casa fue formulado ante la Cámara por la defensora oficial Silvia Otero Rella, quien argumentó que su defendido se encontraba en una etapa terminal de una enfermedad cardiaca.
La ley contempla dos excepciones por las cuales se puede conceder ese beneficio, una es la edad avanzada del detenido y la segunda que se constate la existencia de una enfermedad incurable en su etapa terminal.
La misma defensora había efectuado un pedido similar en septiembre de 2001 invocando los tratados internacionales de derechos civiles y políticos, considerando el cuadro aparentemente “irreversible” de la enfermedad de su cliente.
Dijo al respecto que Del Cerro “sufre una enfermedad incurable” la que “en cualquier momento puede ocasionarle su deceso”.
Sin embargo, la Sala Segunda de la Cámara señaló que un estudio efectuado por el Cuerpo Médico Forense llegó a la conclusión que “no resulta posible considerar que la enfermedad de Del Cerro se encuentre en un período terminal”.
En ese entendimiento, el tribunal instruyó al juez federal Jorge Luis Ballestero, a cargo de las actuaciones para que realice “una profunda evaluación del estado de salud y sus condiciones de detención” en el Hospital Penitenciario Central de la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal, a fin de establecer si “se satisfacen las necesidades sanitarias”, a la vez que negó el pedido de la abogada.
Tanto Del Cerro como Simón están acusados por la desaparición forzada y torturas sufridas en un centro de detención clandestino por el matrimonio integrado por José Poblete y Gertrudis Hlaczik, así como también por la sustracción de la hija de ambos nacida en cautiverio.