La decisión fue adoptada por el juez Juan Carlos Urrutia contra un grupo de ex militares que participaron del asalto al Palacio de La Moneda, sede del gobierno chileno, el 11 de septiembre de 1973.
Las víctimas fueron secuestradas en la sede del gobierno cuando terminaron los enfrentamientos en el que perdió la vida el ex presidente socialista Salvador Allende.
Entre los militares que serán sometidos a proceso por estos hechos figura el general retirado Luis Ramírez Pineda, detenido en la Argentina a pedido de la justicia francesa, por otro hecho referido a la desaparición del médico franco-chileno Georges Klein Pipper que también fue secuestrado en la misma fecha en La Moneda, y era un colaborador cercano al ex presidente chileno.
Además de Ramírez Pineda están inculpados por esos hechos un coronel retirado y seis suboficiales, quienes habrían participado del secuestro y posterior desaparición del grupo de colaboradores y guardaespaldas de Allende quienes habrían sido trasladados a un centro clandestino de detención.
En torno a estos hechos, existen testimonios según los cuales los detenidos fueron llevados a un descampado bajo jurisdicción militar y fusilados al borde de una fosa común.