El caso, que ha alcanzado una gran repercusión entre funcionarios, legisladores, académicos y estudiantes estadounidenses, será resuelto por el máximo tribunal posiblemente a fines de junio venidero antes de que comience el ciclo lectivo en ese país y podría fallar inclusive sobre el fondo de la cuestión, sentando jurisprudencia en la materia.
El presidente George Bush expresó su posición a favor de que se elimine el sistema de cupos y que la Corte haga una interpretación sobre los alcances de la Constitución norteamericana, palabras que le han costado recibir durísimas críticas de legisladores demócratas y de líderes de derechos civiles.
Por orden de Bush, el fin de semana último el Departamento de Justicia de los EEUU urgió al alto tribunal declarar los programas como inconstitucionales y expresó que es posible aplicar otras opciones sobre cupos raciales que no impliquen la discriminación inversa.
Los demandantes, ambos “blancos norteamericanos”, afirmaron que ellos fueron tratados en forma injusta porque aspirantes negros e hispánicos con similar o menor puntaje académico en la selección de estudiantes fueron preferidos sobre ellos.
La universidad ha sostenido que sus programas se ajustaron a las normas constitucionales y son vitales para alentar diversos campos comunitarios de estudio.
La posición oficialista es que se eliminen esos cupos y que todos los aspirantes, sin distinción de origen, sean seleccionados de acuerdo con sus puntajes de promoción, lo cual no convence a los que sostienen el actual sistema porque entienden que hispanos y negros podrían ser discriminados y no tendrían chances de ingresar en las universidades.
De acuerdo con los últimos datos divulgados, la población hispana y negra alcanzó unas 73 millones de personas sobre un total de aproximadamente 250 millones de habitantes en los EEUU y desde hace tres décadas se están moviendo hacia las grandes ciudades donde requieren mejores puestos de trabajo y lugares de estudio.