Comenzó a debatirse un proyecto para regular el reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones y entidades pidieron analizar el impacto de las actividades de vigilancia masiva en los espacios públicos y su interferencia con derechos fundamentales.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició un debate para regular la implementación de sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial.
La propuesta es impulsada por la legisladora Claudia Neira (FdT) y busca reformar la ley del Sistema Integral de Seguridad Pública, incorporando el denominado “Sistema de Reconocimiento Facial”.
El reconocimiento facial es una tecnología biométrica que permite reconocer e identificar a las personas mediante sus rasgos faciales. Funciona mediante un software -con un algoritmo- que reconoce rostros e individualiza sus rasgos mediante una plantilla.
La Comisión de Seguridad, que conduce Claudio Cingolani (VJ), comenzó a tratar la iniciativa en el medio de críticas y señalamientos por parte de organizaciones civiles y ciudadanos.
En concreto, un grupo de entidades planteó a los legisladores la necesidad de discutir las implicancias de las actividades de vigilancia masiva en los espacios públicos y su interferencia con derechos fundamentales.
En este sentido, la Fundación Vía Libre afirmó que estos sistemas “impactan directamente sobre los Derechos Humanos de toda la ciudadanía, incluyendo aspectos centrales como el derecho a la privacidad, el debido proceso, la presunción de inocencia, la libre circulación y la libertad de reunión en el espacio público”.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), por su parte, aconsejó “dejar de utilizar, y suspender en el futuro inmediato, cualquier implementación de tecnologías de reconocimiento facial con fines de vigilancia en el espacio público”.
“Nunca en democracia se había instalado un sistema tan invasivo de los derechos de libre circulación en la esfera pública”, advirtieron y resaltaron que en diversos lugares del mundo estas tecnologías están siendo cuestionadas, en particular por los marcados antecedentes de vigilancia desproporcionada en la esfera pública y discriminación.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), por su parte, aconsejó “dejar de utilizar, y suspender en el futuro inmediato, cualquier implementación de tecnologías de reconocimiento facial con fines de vigilancia en el espacio público”.
“El "Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos" (SRFP) no solo ha potenciado la vigilancia del espacio público como nunca antes; además ha puesto en jaque las mismas garantías Constitucionales que el Estado debe resguardar y asegurar”, señaló la entidad.
También destacó que el reconocimiento facial presenta "serios problemas y desafíos", por su impacto en los "derechos a la privacidad y la protección de datos personales", y también en las "garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso, los derechos a la no discriminación, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación”.