Fuentes judiciales confirmaron que la decisión del juez, que data de los primeros días de enero pero trascendió hoy, se basa en las constancias del expediente donde están procesados media docena de ex policías bonaerenses, entre ellos varios de los acusados como presuntos partícipes del atentado contra la AMIA, como Juan José Ribelli y Raúl Ibarra.
En el caso del abogado, Chiodo aparece como el designado por policías para “arreglar” los papeles que desvincularían de una causa judicial al propietario de un depósito ubicado en el partido de Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires, donde tras un allanamiento policial en 1996, se había encontrado gran cantidad de cables de cobre y otros elementos del tendido de redes de telefonía, presuntamente pertenecientes a la empresa Telefónica de Argentina.
Según consta en el auto de procesamiento de Chiodo al que tuvo acceso Diariojudicial.com, fue uno de los detenidos en la causa, el por entonces subcomisario Juan Roberto Maisú quien le indicó al dueño del local que a cambio de 20.000 dólares, el abogado iba a “armarle los papeles” necesarios para “zafar” de la causa judicial, que se tramitaba en un juzgado correccional de Quilmes.
El 12 de julio de 1996, Chiodo se reunió con el comerciante, de apellido Alfiuzzi, quien, sin embargo, finalmente no pagó la coima, aunque Maisú se la exigió a través de dos llamadas telefónicas.
Lo que Maisú ni Chiodo sabían en ese momento era que las conversaciones estaban siendo grabadas por la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por orden del juez Galeano, que por esas horas se aprestaba a detener a Ribelli, Ibarra y otros policías bonaerenses por su presunta participación en la entrega a terroristas de la camioneta que se usó como coche bomba en el atentado contra la AMIA.
Precisamente, según el expediente por la voladura de la mutual judía, la camioneta le fue birlada por los policías a Carlos Telleldín, un reducidor y doblador de autos también acusado, como parte de las prácticas habituales de los hombres de Ribelli: cobrar “peaje” a delincuentes de toda calaña para permitirles seguir operando.
En juez Galeano dice en su resolución que, según testimonios, Chiodo estaba al tanto del “arreglo” propuesto por Maisú al comerciante, y que incluso el dinero iba a ser recibido por el mismo abogado. Incluso, llamó la atención del juez la familiaridad con la que Maisú y Ribelli hablan de Chiodo, a quien nombran como “el Tigre”, aunque el abogado en su declaración negó cualquier relación especial.
En la misma resolución el juez Galeano dispuso el sobreseimiento de otros dos abogados, Víctor Manuel Bedoya y Daniel Emilio Paéz, quienes también aparecían actuando como intermediarios en “peajes” similares. Sin embargo, el juez entendió que estos casos “no se ha traspasado el estado de sospecha” porque no hay “elementos que determinen connivencia directa o indirecta” de Paéz y Bedoya con los imputados.
Para el juez, estos dos abogados aparecen “mediando” pero a pedido de familiares de presos a los que los policías le ofrecían arreglos, y no “designado” por los uniformados, como en el caso de Chiodo. Sin embargo, los fiscales de la causa, Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman, apelaron la decisión del juez y pidieron que se indague a Paéz y Bedoya porque ambos no se limitaron a representar a sus clientes sino que, por el contrario, “actuaron como un engranaje más de la maniobra extorsiva”.