El Poder Judicial de Corrientes presentó el desarrollo propio de un Software de Gestión Electrónica del Proceso Penal Acusatorio Adversarial para facilitar la aplicación del nuevo Código en la provincia.
La Dirección General de Informática del Poder Judicial presentó el desarrollo propio de un Software de Gestión Electrónica del Proceso Penal Acusatorio Adversarial, cuyo fin es crear una aplicación donde se pueda encontrar la historia jurídica de personas humanas o físicas, si éstas intervinieron en una causa Penal, Civil, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo o en una causa no judicial, es decir administrativa.
El sistema se llamará Forum Criminis y la presentación estuvo a cargo del Director General de Informática, Santiago Carniel, conjuntamente con el Jefe del área técnica de Sistemas José Luis Busto, el líder de proyecto Sergio Rodriguez y el líder técnico de programación Adolfo Descalzo quienes explicaron, entre otras cosas, que se trata de una iniciativa innovadora porque se crea una herramienta nueva que añade valor al sistema.
La solución propuesta pretende sustituir el expediente de soporte papel por un formato digital, que otorgue mayor rapidez y transparencia en los procesos judiciales.
La primera fase del proyecto incluye el desarrollo de un sistema para dar soporte a las actividades que desarrollan las oficinas judiciales en acompañamiento a la implementación del nuevo código procesal penal.
"La visión que se tiene del proyecto tiene como eje central a la integración desde una perspectiva 360° ya que el principal objetivo es poder integrar toda la actividad jurisdiccional en una sola plataforma de gestión judicial electrónica, con el objetivo de despapelizar la justicia y dar herramientas eficientes y ágiles no sólo a magistrados y funcionarios, sino también promover la transparencia de gestión de cara al ciudadano", explicaron desde el Poder Judicial.
Luego se tiene previsto desarrollar una solución para las gestiones que realiza el Ministerio Público Fiscal que permitirá integrar las causas que se decidan judicializar contemplando de esta manera una visión de proceso de punta a punta que arranca desde la denuncia hasta el dictado de sentencia si la causa llegara a esa instancia.
Los especialistas explicaron que en el plazo que dure el proyecto se continuará operando con el actual sistema jurisdiccional y también se seguirá con la implementación de firma digital en ambas plataformas y las adecuaciones necesarias para cumplimentar con los requerimientos tanto normativos como en las adaptaciones necesarias para garantizar la operatividad sistémica ante los cambios que pudieran implicar el avance en procesos de oralidad civil como en la implementación del nuevo código procesal penal.
La solución propuesta pretende sustituir el expediente de soporte papel por un formato digital, que otorgue mayor rapidez y transparencia en los procesos judiciales.
El nuevo Código Procesal Penal
Tras 48 años sin reformas, que lo ubicaban como uno de los territorios más desactualizados en la materia, la provincia de Corrientes cuenta con un nuevo Código Procesal Penal que fue aprobado por unanimidad el año pasado por la Cámara de Senadores.
Uno de los cambios más significativos es que introduce el principio de oralidad, es decir, que de ahora en adelante en los procesos judiciales primará la oralidad, sin excluirse la escritura, al tiempo que funda el proceso de flagrancia, que acelera los tiempos de la justicia, con lo que en un mes debe juzgarse la situación del imputado.
Sobre las atribuciones, detalla que el fiscal puede eximir a la policía, total o parcialmente, de recibir denuncias, en los lugares en los que tenga disponible una oficina que garantice el derecho a denunciar. Asimismo, establece el juicio abreviado, donde se da un acuerdo entre fiscal y el imputado para una acusación que incluya la solicitud de pena, coordinada por las partes, así como el ejercicio de videoconferencias, que permitirá que en algunos casos que las declaraciones se realicen mediante este sistema.
La nueva normativa sostiene que se debe garantizar justicia en plazo razonable y, para ello, el tiempo máximo de duración del proceso será entre 3 y 6 años. También suma el juicio por jurados.