Especialistas expusieron ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado sobre el proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público y coincidieron el limitar en el tiempo el mandato del procurador o procuradora, actualmente vitalicio.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli, recibió a distintos profesionales del derecho para discutir los proyectos de ley de Martín Lousteau y Lucila Crexell para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El encargado de abrir la charla fue Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y docente de la UBA, quién expresó que “ya hay consensos muy grandes” para limitar el tiempo en el cargo del procurador, que actualmente es vitalicio, y explicó que “todos los países de América Latina que han pasado a sistemas acusatorios en los últimos veinte años abandonaron toda idea del carácter vitalicio del procurador, que es incompatible con la naturaleza institucional del Ministerio Público, que no es un órgano estrictamente judicial”.
El proyecto busca establecer cambios en el tiempo de duración de los mandatos del Procurador, así como del Defensor General, y la imposibilidad de ser reelectos, pero menciona que su elección debe hacerse por los votos de los dos tercios de los senadores presentes.
Binder recordó que Santa Fe, Salta, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires “ya tienen procuradores con plazos determinados”, medidas tomadas en “la necesidad de renovar planes de persecución penal”, porque de lo contrario se entra en un “desgaste”. Respecto a los plazos propuestos, el abogado consideró que el más “estable” es el de seis años porque le permite al procurador estabilizar una política de persecución penal. Pero advirtió que “para que este modelo funcione bien, tiene que estar claro que al terminar el gobierno se va el procurador” y “vuelve al llano”.
"Si se aplica el límite de seis años es mejor conservar los dos tercios” como mayoría requerida en el Senado, y en cambio si son cuatro años se puede relajar la mayoría”, remarcó.
A su turno, Maximiliano Rusconi, ex fiscal general de la Procuración General de la Nación, coincidió con Binder en la importancia del procurador en la implementación del sistema acusatorio. “Necesitamos imaginar un Ministerio Público ágil, protagónico, vinculado con la realidad. No se puede construir una política criminal sin estar vinculado con la realidad”, expresó.
Afirmó que “no le parece mal” establecer un límite, y también se mostró de acuerdo en permitir una reelección, mientras que con respecto a la remoción pidió pensar en “un sistema parecido al del juicio político, en el seno del Senado”.
El último en hablar fue Daniel Erbetta, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, que pidió aplicar “lo más rápida posible” el sistema acusatorio. "¿Quién va a pretender que una persona que maneja una estructura con tanto poder, como es el diseño del Ministerio Público Fiscal en un esquema acusatorio, pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, subrayó.
El magistrado santafesino añadió que “si tenemos el límite de la periodicidad, el problema de las mayorías se relativiza”, y afirmó que “no hay nada peor que tener un procurador interino. Hay que tener un procurador legitimado, y aparte no podemos convertir una excepción en la regla”.
El proyecto busca establecer cambios en el tiempo de duración de los mandatos del Procurador, así como del Defensor General, y la imposibilidad de ser reelectos, pero menciona que su elección debe hacerse por los votos de los dos tercios de los senadores presentes.