El Congreso tiene en su agenda cuatro proyectos de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. El debate sobre la designación, mandato y remoción del procurador y defensor de la Nación, y las duras críticas de las entidades de magistrados y fiscales.
El Senado avanza en el tratamiento y discusión de una serie de proyectos legislativos para modificar las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos de la Nación.
A través de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, los senadores concluyeron con la etapa de las disertaciones de especialistas, abogados y juristas, quienes expusieron sus opiniones sobre las propuestas de reforma del mandato, designación y remoción del procurador y defensor de la Nación.
La Comisión presidida por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (FdT) tiene en sus manos cuatro proyectos de ley. Se trata de dos propuestas de autoría de la senadora por Neuquén Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), un proyecto del senador Martín Lousteau (UCR) y una reciente iniciativa de Alberto Weretilneck (Somos Río Negro).
Todos los proyectos introducen modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) y a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (27.149). Sin embargo, los textos contienen profundas diferencias en relación a la mayoría necesaria para elegir al procurador general y el defensor general de la Nación, como también divergencias sobre la duración de estos cargos.
Al mismo tiempo y junto al debate parlamentario, el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Gobierno nacional, tiene listo el informe final en el que realizarán observaciones y recomendaciones sobre el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, entre otras cuestiones.
“Otra amenaza a la independencia de los Ministerios Públicos”
Así se titula el reciente comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) mediante el cual reiteró su “profunda preocupación” ante proyectos legislativos en debate.
“Las leyes orgánicas que regulan institutos de la Constitución derivan directamente de la norma suprema que hemos jurado defender, en este caso el artículo 120 C.N., y no pueden ir contra su letra ni contra su espíritu. Tanto el dictado de aquellas, como su modificación, requieren consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto, que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”, señaló la entidad presidida por Marcelo Gallo Tagle.
Este pronunciamiento se suma al reciente reclamo de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) por considerar que se trata de proyectos "absolutamente inconsultos y contrarios al espíritu de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera que la Constitución Nacional ha establecido en su artículo 120, genera una enorme preocupación y rechazo debido a la manera en la cual se da tratamiento a la institucionalidad y las funciones que deben cumplir las y los fiscales".
La AMFJN destacó la necesidad de “reafirmar la independencia, la autonomía funcional, y la autarquía financiera de los Ministerios Públicos como garantías institucionales instauradas a favor de toda la sociedad y de toda persona”.
“Por esa misma finalidad social, superior a los derechos mismos los propios magistrados que ejercen sus ministerios, son irrenunciables, requieren estabilidad y rigen en la materia los principios de progresividad y no regresividad institucional consagrados a nivel convencional”, concluye el comunicado.
Este pronunciamiento se suma al reciente reclamo de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) por considerar que se trata de proyectos "absolutamente inconsultos y contrarios al espíritu de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera que la Constitución Nacional ha establecido en su artículo 120, genera una enorme preocupación y rechazo debido a la manera en la cual se da tratamiento a la institucionalidad y las funciones que deben cumplir las y los fiscales".
"En resumen, la pretendida mejora del servicio de justicia, a través de este y otros proyectos de ley, no es más que dar por tierra desde su nacimiento al sistema adversarial y a las y los fiscales en la posibilidad de desempeñarse de manera independiente y autónoma en su función, recordando una vez más que esto no es una garantía individual y corporativa de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, sino que integra el acerbo de toda la sociedad", añade el texto de la entidad que preside el fiscal Carlos Rívolo.