La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires autorizó a su presidente a mantener reuniones con distintas entidades para avanzar en la aprobación del proyecto de ley que busca regular la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial de la provincia.
La Suprema Corte de Justicia decidió, mediante la Resolución SC Nº 1439/20, autorizar al a su presidente, Daniel Soria, a mantener reuniones e intercambiar opiniones con los Colegios de Magistrados y Funcionarios y de Abogados de la Provincia, con la Asociación Judicial Bonaerense y con otras instituciones para avanzar en la autarquía del Poder Judicial.
Puntualmente, la SCBA quiere lograr consensos para el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley que presentará para regular la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera, como así también la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de sus agentes.
La Corte señaló que es inherente al principio constitucional la independencia del Poder Judicial y que no este subordinado a ninguna otra autoridad o poder y, a la par, que los órganos que lo componen cuenten con los recursos necesarios, normativamente asegurados, "para cumplir con su relevante cometido constitucional".
El Máximo Tribunal bonaerense recordó que el régimen pretendido fue largamente reclamado en distintas ocasiones, como en octubre de 2014, cuando se envió un proyecto sobre esta materia al Ministerio de Justicia, el que de inmediato tomó estado parlamentario.
Por otra parte, en julio del año 2015 se remitió un texto actualizado del proyecto para posibilitar su aplicación a partir del año 2017 y, desde entonces, "han sido variadas las gestiones realizadas por el Tribunal tendientes a impulsar el tratamiento del proyecto", sostuvieron los juristas.
Al respecto, los ministros firmantes, Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo De Lázzari, Sergio Torres y Eduardo Pettigiani añadieron que los proyectos presentados fueron "revisados, corregidos y adaptados a las circunstancias actuales".
La Corte señaló que es inherente al principio constitucional la independencia del Poder Judicial y que no este subordinado a ninguna otra autoridad o poder y, a la par, que los órganos que lo componen cuenten con los recursos necesarios, normativamente asegurados, "para cumplir con su relevante cometido constitucional".