La causa se inició por una denuncia de Gladys Marcelina Aguirre, quien fué detenida en la comisaría 42° de la Capital Federal el 7 y 8 de enero de 1992, donde fue “salvajemente tratada e insultada” por dos policías que le propinaron “cachetadas y golpes en los oídos”, según reza en la denuncia inicial.
Los camaristas Eduardo Vigliani y Horacio Luraschi confirmaron la condena de primera instancia dictada por el juez Jorge Ballestero al considerar que “se encuentra plenamente acreditado la intervención de cada uno de los imputados en las maniobra”.
Además, los jueces remarcaron que “la intervención de varias personas en toda la maniobra” indica que se trata de “un ilícito mayor en tanto ofrece una elevación del poder ofensivo”.
Sobre la ostensible demora en llegar a una resolución condenatoria, los camaristas indicaron que la causa tramitó por el viejo Código de Procedimientos Penales, y justificaron que estuvo sujeta “a los vaivenes propios de un sistemas procesal penal” que, hoy por hoy, “fue modificado sustancialmente”.
Sin embargo, los camaristas rechazaron la pretensión del fiscal de que los imputados cumplieran penas de cumplimiento efectivo, porque “el tiempo transcurrido”, torna “ilusoria y excesiva la detención” de los responsables.