La juez resolvería sobre la disputa, el martes o miércoles próximos, aunque el sector de Menem esperaba este viernes un fallo con mayor celeridad, por cuanto se acortan los tiempos para una eventual realización de internas, habida cuenta de que dentro de cuatro semanas expira el plazo en que deberán oficializarse la listas de candidatos.
En ese sentido los apoderados del binomio que encabeza el ex presidente consideraron “aceptable” que las partidarias pudiesen extenderse una semana en lugar del 23 de este mes como solicitaron a la Justicia, incluyendo la designación de un veedor judicial que garantizara el proceso eleccionario.
Tras el fracaso de la audiencia de conciliación efectuada el jueves en el juzgado electoral número 1, Servini espera un dictamen de la fiscalía relacionado con la forma jurídica en que se presentarán las fórmulas del PJ, ya sea como “frentes” o “alianzas”; si todos los candidatos podrán ir con un mismo logo y sobre el camino que debería adoptar cada sector en caso de que haya segunda vuelta.
A la luz del efecto que causa sobre el electorado el logo del PJ, la idea es que se busque un acuerdo en el ámbito judicial a fin de que todos los postulantes puedan lucir en las boletas el escudo partidario y al lado el sello de la agrupación a la que representan.
Las tres fórmulas que encabezan Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner, debido a su componente político, están en condiciones de presentarse tanto como frentes o como alianzas y podrían utilizar un sello distintivo.
También se intenta definir qué actitud adoptará el partido en caso de que a la segunda vuelta vayan dos candidatos justicialistas, y cuál, ante la posibilidad de que uno de ellos deba competir con un aspirante de otro partido.
Frente a la primera instancia, la justicia busca que haya consenso en el partido para que se firme un compromiso que declare la libertad de decisión de los afiliados y se evite ingresar en une nueva polémica interna.
Además, Servini amplió las facultades del veedor judicial, Ramón Ruiz, a fin de que pueda intervenir tanto en el Congreso como en el Consejo justicialista e intentar “zanjar diferencias” en el seno del partido.
Ruiz seguirá conservando voz, pero sin voto, en las discusiones que se lleven a cabo en cualquiera de los dos principales órganos del PJ y deberá informar inmediatamente al juzgado.