TIBURONES. Tal como se venía palpitando durante el 2002, año especialmente caliente en lo judicial a raíz de los amparos por el corralito, los sabuesos de la DGI, con su fino olfato de cazadores, no pudieron abstraerse de hurgar entre los millonarios depósitos acorralados. Transformados, por obra y gracia de la coyuntura, en ostentosos “carteles luminosos” (antes eran depósitos de bajo perfil de anónimos ciudadanos), se transformaron en roja y perfumada sangre para los inquietos tiburones. Como resultado del primer aproach la AFIP, revisando casos de amparo con resolución favorable, mayores a los 100.000 dólares, recolectó los siguientes datos: Se detectaron 996 diferencias con las declaraciones juradas, por un total de 1088 millones de pesos. De las cuales 404 (322 millones) se encuentran en etapa de investigación y 448 (504 millones de pesos) están en inspección. Fruto directo de la resolución que a fines del año pasado dio a luz la Cámara de Diputados, este informe de la AFIP llenó de orgullo a más de uno. “Hay que dar sensación de avance” explicó un avezado funcionario, no en vano estamos en año electoral. Como se ve, algunos van a pagar y otros van a cobrar.
TOMALA VOS, DAMELA A MI. Parecen cantar los empleados judiciales de la secretaría electoral en la calle Talcahuano y las oficinas de la fiscalía federal 1, en Comodoro Py 2002. Es que esta semana fue profusa la comunicación entre la juez María Servini de Cubría y los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Álvarez Berlanda en torno al muy mediático tema de la pelea interna en el Partido Justicialista con vistas a la sucesión presidencial prevista para abril próximo. Y el asunto está, por estas horas, planteado como un verdadero partido de la Davis: el expediente no dura mucho tiempo en cada dependencia. Es que, reconocen desde ambos frentes, el tema PJ es una verdadera “papa caliente”: ni la juez ni los fiscales quieren aparecer demorando un pleito con consecuencias institucionales de peso. Por eso, al final de la semana, desde la secretaría electoral se dijo que la juez había dado “vista” a la fiscalía sobre “aspectos menores” de la trifulca duhaldista-menemista. Pero en el quinto piso de Comodoro Py, en cambio, nadie sabía nada. Parece que, para las próximas horas, el juego que se viene es el Gran Bonete: ¿pues entonces, quien lo tiene?
INQUIETOS. La fiscalía federal de Freiler y Delgado sigue esperando que el juez Jorge Ballestero resuelva la situación procesal del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, del ex secretario de Finanzas Daniel Marx y otros funcionarios del gobierno de la Alianza a más de nueve meses de las indagatorias por la causa del “Megacanje”. El juez, unos siete meses después de aquel trámite, esperaba con paciencia, un peritaje solicitado a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sobre las cifras que se comprometió a pagar la Argentina durante las próximas tres décadas como refinanciación de la deuda externa, pero hasta ahora no hubo noticias de ese chequeo oficial. Los que lo conocen dicen que Ballestero “es hombre de tomarse sus tiempos y nada ni nadie lo va a apurar en esta cuestión”. La fiscalía no esperó tanto: a setiembre del año pasado tenía ya cuatro informes solicitados, el más importante proveniente de la SIGEN que fue lapidario con la operación de Megacanje y las comisiones otorgadas a los bancos colocadores de deuda. Prácticamente todas concluyen en que al año 2031 la Argentina habrá pagado unos 60 mil millones de dólares más que bajo el anterior régimen de pagos. Claro que con el “default” declarado por El Adolfo y sostenido por la administración Duhalde los números van a cambiar y es una incógnita en qué situación llegará el país para esa fecha. Para los fiscales, el hecho de que Cavallo haya dicho desde EEUU que la Argentina pasó a ser "un país insignificante" luego de la devaluación y pesificación instrumentadas por Duhalde, es un indicio de que “pretende quedarse por tiempo indefinido y posiblemente eludir requerimientos judiciales a la espera de vientos más favorables” que los que tuvo que soportar cuando marchó preso el año pasado por la causa Armas.