Este viernes el Poder Judicial de San Juan comenzó a implementar el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, lo que supondrá un gran avance para la Justicia provincial.
El Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial, establecido por las Leyes Provinciales de San Juan N° 1851-O y 1993-O, permitirá la reasignación de los roles de los actores de la Justicia en el tratamiento de las causas, causando un cambio de paradigma en la justicia. El cambio principal que introduce está vinculado al proceso de investigación, que recae en la figura del fiscal y no ya del juez.
El mismo tiene una implementación progresiva, encontrándose en una fase inicial en la cual se aplicará a la investigación y juzgamiento de ciertos delitos que hayan sido cometidos en la provincia.
Para ello, fiscalías temáticas y especializadas se encargarán del abordaje de los distintos delitos: Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG); Centro judicial de abordaje de Integral de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas o testigos de abusos sexuales (ANIVI); Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales; Procedimiento Especial de Flagrancia.
La reducción de los tiempos en todo el proceso penal que introduce la oralidad implica, sobretodo, plazos más razonables en la duración de la investigación penal preparatoria y en la aplicación de medidas de coerción personal.
El Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial puesto en funcionamiento este viernes con el aval de la Corte de Justicia, integrada por Adriana García Nieto (Presidenta), Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Guillermo Horacio De Sanctis y Marcelo Jorge Lima, junto al Fiscal General, Eduardo Quattropani.
La implementación del nuevo sistema asegura una mejor división de roles entre las partes, fortaleciendo la especificidad y profundización de la tarea investigativa; y resguarda la imparcialidad del juzgador al poner al Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación. Se garantiza con mayor efectividad el respeto a las garantías de imparcialidad, inocencia, igualdad y debido proceso.
También se establece una división de tareas entre la actividad jurisdiccional y la administrativa, al instituir oficinas judiciales que brinden soporte a la labor de la judicatura y fiscalía. Esta reorganización descomprime el trabajo del juez y favorece una resolución más rápida de las causas judiciales.
Por otro lado, la aplicación de la oralidad en todo el procedimiento también redunda en juicios más ágiles y sencillos. En el nuevo sistema se reemplaza la instrucción escrita y secreta de la etapa preparatoria y se mantiene la oralidad desde la investigación hasta el debate del juicio.
La reducción de los tiempos en todo el proceso penal que introduce la oralidad implica, sobretodo, plazos más razonables en la duración de la investigación penal preparatoria y en la aplicación de medidas de coerción personal.