Así lo decidió el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien anoche ordenó su detención a pedido de la justicia del Perú, donde se le pidió la captura internacional, acusado de formar parte de la red de corrupción del ex asesor presidencial y hombre fuerte del fujimorismo, Vladimiro Montesinos.
El ahora funcionario del FMI fue condenado en ausencia por la justicia limeña en orden a los delitos de “asociación ilícita, colusión, malversación de fondos, peculado y ocultamiento de documentos”, y formaba parte hasta ayer de un grupo de diez ex funcionarios prófugos, entre ellos el ex presidente Fujimori, refugiado en Japón.
Este mediodía, de traje oscuro, camisa clara, sin corbata y esposado, Baca Campodónico fue trasladado al tercer piso del edificio de los Tribunales Federales donde el juez Canicoba Corral confirmó su identidad y le comunicó los cargos que pesaban contra él en Perú.
En el pasillo su abogado, Guillermo Arias, del estudio encabezado por el ex secretario de Justicia Roberto Durrieu, aseguraba que en Estados Unidos Baca había sufrido una detención similar pero “fue liberado inmediatamente y el FBI archivó el expediente”.
Distinta es la versión que sobre el mismo hecho presentaban esta tarde los periódicos peruanos en Internet. El Comercio, por ejemplo, aseguraba que el ex funcionario había sido liberado porque la justicia limeña no completó a tiempo el envío de información que se le requería en Miami -donde fue detenido- para someterlo a la extradición.
Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, al cierre de esta edición la justicia seguía dudando sobre el alcance del pasaporte de las Naciones Unidas que Baca presentó para recuperar su libertad.
A pesar del carácter de diplomático que presentaría entonces el ex funcionario peruano, hasta ahora el criterio del juez y del fiscal Guillermo Marijuán es que Baca debe acreditar que estaba en la Argentina en función diplomática, es decir, en misión oficial.
Mientras tanto, el fiscal se opuso a la excarcelación, amparándose en el artículo 26 del Tratado de Cooperación Internacional, que impide al fiscal consentir la excarcelación, ya que el requerido, al no fijar domicilio local, podría inmediatamente salir del país, frustrando así el pedido judicial extranjero.
En la misma línea, el juez Rodolfo Canicoba Corral dijo que el pasaporte diplomático no le garantiza a Baca Campodónico inmunidad judicial. “En este caso, parte de los funcionarios del FMI gozan de inmunidad cuando tienen determinado rango o prestan determinado servicio, pero esto se vincula directamente con la función que están cumpliendo”, remarcó el juez. Para disipar las dudas, el magistrado pidió información oficial a la Cancillería sobre el status de la misión del Fondo Monetario y el Banco Mundial de la que Baca forma parte. “Tiene pasaporte diplomático, pero esto no implica inmunidad automática”, alertó.
Así, al caer la tarde, ya había un debate sobre el alcance de la inmunidad diplomática cuando se opone los tratados de cooperación en materia penal entre países. El abogado especialista en derecho internacional Alejandro Carrió, punpuntualizó a DiarioJudicial.Com :“La inmunidad diplomática depende de las convenciones de cada país. En ese sentido, las únicas inmunidades que rigen aquí son las que prevé la Constitución Nacional, otras no hay”, advirtió Carrió y remarcó que, en algunos casos, “hay inmunidades que impiden el arresto, pero no un proceso por extradición”, explicó.
El caso contra Baca Campodónico se originó a raíz de una denuncia de una comisión investigadora de presuntos delitos cometidos entre 1999 y 2000, que lo acusó de haber formado parte de una maniobra para otorgar impunidad a Montesinos a la hora de rendir cuentas al fisco.
Con la detención de este funcionario del FMI, son cuatro los extranjeros con causas de extradición en los Tribunales Federales que alcanzaron repercusión pública. En setiembre del año pasado fue detenido Luis Ramírez Pineda, un general retirado chileno reclamado por Francia por la desaparición de un ciudadano de este país tras el golpe que encabezó Augusto Pinochet en 1973.
En noviembre, quedó detenido Leonardo Bertulazzi, de 51 años, reclamado en Italia por su pertenencia al grupo terrorista “Brigadas Rojas”, desarticulado en la década del 80. El mismo mes, fue detenido un supuesto integrante de la ETA vasca, Jesús María Lariz Iriondo, cuando arribó a Buenos Aires tras ser deportado del Uruguay; y lo reclama el juez español Baltasar Garzón, quien lo acusa de organizar un atentado en 1984.