Mientras en la sala de audiencias se leía el requerimiento de elevación a juicio firmado por los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, afuera, la Guardia de Infantería decidió reprimir la movilización que cortaba las dos manos de la avenida Comodoro Py cuando un grupo de manifestantes con las caras cubiertas y provistos de palos, intentaron evitar que los Bomberos apagaran el fuego de unas cubiertas colocadas a modo de barricada.
En ese momento, poco antes de las once y media de la mañana, la policía comenzó a responder tirando gases lacrimógenos y balas de goma, que provocó una masiva corrida de manifestantes hacia la avenida Eduardo Madero. A su paso, el grupo que portaba palos arrasó con los vehículos estacionados sobre la avenida, la mayoría de empleados y funcionarios judiciales.
Después, el mismo grupo intentó recuperar parte de la avenida, a la altura del helipuerto de la Fuerza Armada, e incluso, un grupo de manifestantes sacó del estacionamiento algunos autos y los empujó hasta el centro de la avenida para usarlos como barricadas.
El saldo del desbande fue un periodista de Crónica TV, Norberto Ortiz, herido por un impacto de bala de goma bajo la mejilla izquierda y una treintena de vehículos averiados, muchos con cristales destrozados.
Incluso, en la esquina de Madero y Comodoro Py, una camioneta 4x4 estuvo varios minutos con un trapo ardiendo en la boca del tanque de combustible, hasta que el peligro fue conjurado por los bomberos.
Según uno de los responsables del operativo policial, el comisario Próspero Trezeguet, la decisión de reprimir se tomó para “contener” la reacción de los manifestantes más hostiles cuando se intentaron apagar las cubiertas.
Trezeguet es uno de los comisarios de la Policía Federal imputado aunque con falta de mérito por la represión del 20 de diciembre de 2001 en el centro porteño, donde murieron 5 personas.
Escándalo en al audiencia
Pocos minutos después de los incidente, el escándalo que se vivía afuera llegó a la audiencia del juicio oral de Luis Esteche, Leonardo Del Grosso, Carlos Franca y Guillermo Caviasca, los cuatro militantes de Quebracho juzgados por infracción al artículo 212 del Código Penal, que prevé penas de 3 a 6 años de prisión por “incitación a la violencia”.
Allí, un allegado a los detenidos irrumpió en la sala al grito de “están reprimiendo a los compañeros”, mientras se leía el requerimiento fiscal. La mayoría del público presente en la sala se retiró profiriendo insultos contra la justicia en general.
En ese momento, el diputado bonaerense por Izquierda Unida, León Zimmerman, conocido abogado penalista, le advirtió al presidente del tribunal, Leopoldo Bruglia que debía “hacer algo, si es que conoce sus obligaciones”. El magistrado, molesto por la ironía le contestó que, por los hechos, debía actuar “el juez federal de turno”, aunque luego ordenó que la situación “constara en las actas” del juicio oral.
Inmediatamente uno de los abogados defensores de los jóvenes imputados solicitó un cuarto intermedio, para poder averiguar “qué había sucedido exactamente” en la calle, donde se hacía difícil transitar por el humo de los gases lacrimógenos que incluso afectó a los policías de la custodia del edificio.
El magistrado aceptó la propuesta, suspendió la audiencia por diez minutos, tras lo cual se reanudó con la lectura del auto de elevación a juicio, mientras los manifestantes comenzaban a reagruparse nuevamente en las afueras de los Tribunales, aunque en número mucho menor.
Tras el requerimiento fiscal, en la audiencia se mostraron cinco videos, incorporados por el fiscal Alberto Huarte Petite como elementos de pruebas. La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Mirta Mántaras, opinó que las cintas “no deberían ser tenidas en cuenta como prueba” ya que “sólo son videos que muestran protestas sociales”.
Los hechos por los que se imputó a Esteche, Del Grosso, Franca y Caviasca ocurrieron en marchas estudiantiles y de jubilados en 1995. Hoy se escuchó en la audiencia una conversación de uno de ellos con la fallecida referente de los jubilados Norma Plá, quien le “agradecía” porque había golpeado un “policía infiltrado” entre los jubilados.
La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando comenzarán a declarar testigos. Fuentes judiciales confirmaron que el miércoles está prevista la declaración del dirigente piquetero Raúl Castells.