El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó una compensación mensual para atender los gastos que incurren los agentes que desarrollan teletrabajo. La cifra ascenderá a 1917 pesos y será actualizable.
El Consejo de la Magistratura de la Nación estableció una compensación mensual para atender los gastos que incurren los agentes que desarrollan teletrabajo.
La compensación, aprobada por el plenario, ascenderá a un monto de 1917,04 pesos y será de carácter no remunerativo y no bonificable. Esta cifra será de carácter móvil y actualizable anualmente, y los empleados judiciales deberán acreditar el cumplimiento de la jornada laboral, de manera continua o discontinua, en un promedio de 20 días hábiles mensuales.
Será destinado a todos los empleados hasta el cargo de prosecretario administrativo o su equivalente. Este fue el punto más discutido en las Comisiones de Reglamentación y de Administración y Financiera, ya que excluye a los jueces. Los representantes del estamento de los magistrados pidieron extender el universo de beneficiarios, pero no lograron los votos suficientes para imponer su postura.
El trabajo a distancia comenzó a implementarse ante la necesidad de reducir la presencialidad en las dependencias judiciales sin afectar el servicio de justicia. Esta modalidad tuvo un crecimiento exponencial y alta aceptación como método alternativo al sistema presencial.
La medida busca cubrir gastos directos –Internet, telefonía celular, luz y gas- y gastos indirectos –depreciación de los equipos- generados por el teletrabajo.
El proyecto de compensación surgió tras el reclamo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU-RA). La medida busca cubrir gastos directos –Internet, telefonía celular, luz y gas- y gastos indirectos –depreciación de los equipos- generados por el teletrabajo.
En su dictamen, la Dirección General de Tecnología destacó los ahorros directos en las cuentas de luz, gas y telefonía, que son trasladados a los hogares de los trabajadores judiciales. Se trata de un universo de 7715 trabajadores conectados mediante VPN (Virtual Private Network).