El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, dijo en el juicio oral a militantes de Quebracho que fue él quien organizó las marchas que terminaron en los incidentes por los que están siendo juzgados ante el Tribunal Oral Federal 5, y pidió que en caso de condenas se lo castigue a él y no a los imputados. “Pido que me condenen a mí, yo fui uno de los organizadores, ellos solo apoyaron”, dijo Castells al final del interrogatorio en la segunda jornada de declaración de testigos en este juicio que volvió a concentrar un enorme operativo policial que, esta vez, quintuplicaba el número de manifestantes que reclamaban la absolución de los cuatro acusados.
Recurso rechazado
La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los recursos presentados contra el fallo del tribunal cordobés que en el año 2001 condenó a penas de prisión en suspenso a dos responsables del área técnica de la empresa Austral por la muerte de la azafata Lilian Almada de 28 años. El accidente ocurrió por fallas de mantenimiento de una puerta de un avión de la empresa, que produjo la caída al vacío de la mujer el 9 de agosto de 1995. Los camaristas Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Amelia Berraz de Vidal rechazaron los pedidos de los familiares de Almada, que reclamaban penas más severas contra los condenados en primera instancia y también contra otros responsables de la empresa. Los querellantes adelantaron que insistirán ante la Corte Suprema de Justicia, y recordaron que la empresa desoyó las advertencias sobre el mal estado de la puerta de la nave de la que cayó Almada, en que la nunca habían realizado una revisión a fondo.
La Defensoría General de la Nación rindió cuentas
Tal como determina la ley orgánica del Ministerio Público, Caamaño y Gioja, recibieron de manos del Defensor General de la Nación un ejemplar del Informe Anual conteniendo lo actuado por el Ministerio Público de la Defensa durante el periodo que comprende el segundo semestre de 2001 y primer semestre de 2002. Este mismo informe, en el que hay compilada información y novedades de los defensores que actúan en todo el territorio argentino, también se entregará al presidente de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia y a los presidentes de las comisiones del parlamento que le competan cuestiones vinculadas a la defensa pública.
Se demuestra que en algunos fueros y jurisdicciones, el desempeño de actividades alcanzó a prácticamente el cien por cien de las causas que allí tramitaron. Asimismo se dio un incremento de la actuación, en causas relativas a la retención de depósitos, las vinculadas con la reducción o cesación de prestaciones por parte de obras sociales, sistemas de salud y provisión de medicamentos. A ello se deben sumar la reiteración de casos de licencias por estrés o enfermedad de varios defensores oficiales, originados por el exceso de trabajo. Otra de las cuestiones que emanan del informe, es la persistente desigualdad en recursos humanos y materiales con que debe desenvolverse la Defensa Pública Oficial, respecto del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal como así también el crecimiento en la demanda de la población sometida a proceso, para contar con la asistencia de Defensores Públicos Oficiales. En este sentido se expresó que se crearon nuevos puestos para un mejor servicio de la defensa pero los mismos no se encuentran en funcionando por razones de índole presupuestarias.
A partir del informe presentado y en orden a prestar un mejor servicio en la defensa publica, muchas cuestiones de las presentadas, deberán ser atendidas por la clase dirigente para superar con creces las dificultades expuestas.
Por escrito
El ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Álvarez eligió declarará por escrito en la causa donde se investiga si grupos piqueteros buscaban conspirar contra el gobierno del presidente Eduardo Duhalde. Álvarez había sido citado para hoy por el juez Norberto Oyarbide para declarar como testigo, pero avisó que lo hará por escrito. Para la época de los hechos que se investigan en la denuncia, junio del año pasado, Álvarez era secretario de Seguridad de la Nación. En la misma causa, declararán en los próximos días la diputada y candidata presidencial del ARI, Elisa Carrió y el dirigente piquetero Luis D’Elia.