El juez procesó a Núñez como autor de los delitos previsto en los arts. 863 y 864 (incisos a y b) del Código Aduanero, más los agravantes contemplados en los arts. 865 (inciso a y d) y 867. Estos artículos penan con prisión de entre 6 meses a 8 años de prisión a los que “interfieran” con las labores de control de Aduana y lo elevan a 4 de mínima y 12 de máxima si el material contrabandeado es materiales que “fuere considerado de Guerra”. En el caso de Sabra, lo consideró “partícipe necesario” de los mismos delitos.
Sabra, formó parte del Directorio de Fabricaciones Militares en 1991, el momento en que se produjo el contrabando de material bélico a Croacia. En la resolución, que Diariojudicial.com publica íntegra, Speroni concluyó que Sabra intervino “en la aprobación de la venta de material bélico a la irregular e indeterminada empresa Debrol S.A. Internacional Trade”, que funcionaba controlada por el ex coronel Diego Palleros, hoy prófugo de la justicia y asilado en Sudáfrica.
El juez indica más adelante que, en el caso de Nuñez, “cumplió la función Gerente de Comercialización de Productos Militares” de la Dirección General de Fabricaciones Militares y habría tenido “estrecha vinculación con todo lo relativo a su designación y trato” con la empresa “fantasma” de Palleros y más adelante lo compromete aún más al indicar que “Nuñez habría continuado enlazado con todas las operaciones de exportación” que se investigan en la causa.
La ruta del dinero
En la resolución, Speroni explica que con el levantamiento del secreto bancario en el Uruguay pudo detectar transferencias por montos similares desde una cuenta controlada por Palleros a otras de los ahora procesados y otros miembros del directorio de Fabricaciones Militares -como Luis Sarlenga- que, en algunos casos, presentan números correlativos.
“Las cuentas de Sarlenga y González de la Vega son correlativas, en tanto la de Núñez fue abierta a tan sólo cuatro cuentas posteriores de la apertura de la cuenta de Palleros”, remarcó el juez, y concluyó que esto “permite concluir que las cuentas de los integrantes de Fabricaciones Militares “hayan sido abiertas por indicación del propio Palleros, para facilitar el pago de las comisiones.”
El juez explica además que la información con la que cuenta el Tribunal posee “en gran medida certeza matemática”, que permitió “con un grado de exactitud meridiana” establecer “la íntima relación entre el dinero proveniente de la República de Croacia, su paso intermedio por manos de Diego Palleros y su destino final ya sea en las arcas de Fabricaciones Militares, como en los bolsillos de por lo menos los imputados que han sido indagados”, entre los que nombró a Sarlenga, González de la Vega, Haroldo Fusari, Sabra, Núñez.
Encaramado en el buen resultado de sus gestiones internacionales, Speroni recordó lateralmente la negativa de la Cámara en lo Penal Económico, que no le permitió viajar a Croacia para interrogar a Palleros.
“Existieron algunos caminos que por alguna u otra razón no pudieron ser transitados”, dice Speroni y nombra directamente la declaración indagatoria pendiente de Palleros y aseguró que “mantiene sus esperanzas en que con el devenir de los días y el adelanto en la investigación en algún momento se puedan desarrollar aquellas medidas”.
Además de los procesamientos con prisión preventiva, Speroni ordenó trabar embargo de un millón de pesos sobre los bienes de Núñez y trescientos cincuenta mil pesos en el caso de Sabra. En la misma resolución, el juez decretó la falta de mérito a Alejandro Luis Romero, un vocal de Fabricaciones Militares que también aparece retirando dinero de una cuenta de Palleros.
Sin embargo, al declarar Romero dijo que la firma que aparecía en el recibo de caja era falsificada por lo que el juez se inclinó con dictarle la falta de mérito hasta tener el resultado de las pericias caligráficas que ordenó al respecto.