La Justicia Federal con asiento en Bariloche dispuso el procesamiento de dos piqueteros que en octubre pasado formaron parte de un grupo de indios mapuches y desocupados que cortaron la ruta nacional 259 en el acceso a la ciudad de Esquel. La medida la tomó el juez federal Leónidas Moldes, quien procesó a Moira Millán, de 32 años, Martiniano Jones Huala, de 38y pidió el embargo de sus bienes o dinero por un monto de 2 mil pesos. Según la pruebas que tuvo en cuenta el juez los dos procesados “lideraron” la protesta de unas 30 personas pertenecientes a una comunidad mapuche y pese a las advertencias de Gendarmería Nacional, se negaron a rehabilitar el tránsito. El hecho en cuestión ocurrió entre las 10.30 y las 14.30 del 11 de octubre pasado en la zona de la ruta nacional 259, de acceso a la ciudad de Esquel a la altura del arroyo del mismo nombre. La protesta, según evaluó la Justicia Federal, “impidió y entorpeció el normal desenvolvimiento del tránsito local e interjurisdiccional y el transporte terrestre”.
Aznar denunciado
Concejales de Izquierda Unida de la ciudad de Ávila, en el centro de España, denunciaron penalmente al presidente del gobierno de su país, José María Aznar, por adherir a la campaña contra Saddam Husseim que encabeza Estados Unidos y Gran Bretaña. En la presentación, los ediles indicaron que la cumbre entre Aznar, George Bush y Tony Blair de hace una semana en las islas Azores "vino a teatralizar la ruptura de la legalidad internacional, con una flagrante vulneración de la Carta de las Naciones Unidas, al declarar la guerra a Irak". En tanto en Madrid, el Partido Verde, presentó en la Audiencia Nacional otra denuncia contra Aznar y la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, como responsables de la intervención que calificaron de "ilegal" de España en el conflicto con Irak. Para esta agrupación política, la posición española en el conflicto vulnera tres artículos del Código Penal porque la guerra "no ha sido declarada conforme a los mecanismos constitucionales españoles".
Caso Lecuna
El juicio oral que comenzó semanas atrás, ya se encuentra transitando su fase final. En los alegatos, las penas que fueron solicitadas por el fiscal y la querella van desde los tres años a prisión perpetua para los imputados del asesinato del esposo de Georgina Barbarossa. Se pidió pena de prisión perpetua par para Barros a quien se considera el autor material, 25 años de prisión para Gómez y Schmit y tres años de prisión efectiva para Jorge y Arregui a quien se los considera partícipes en el hecho. Restan los alegatos de los defensor particulares Gustavo Semorile y Eliseo Pérez Begoña, y el defensor oficial Claudio Armando, con lo cual quedaría concluida la etapa procesal de los alegatos con lo cual, y previo a que los imputados expresen sus últimas palabras los jueces pasarán a deliberar para el dictado del veredicto final que se espera en los primeros días de la próxima semana.