Lo que inicialmente fue una “reprimenda” administrativa se convirtió ahora en una denuncia que deberá investigar la Justicia Federal de San Martín, a raiz de la presentación de un abogado de la matricula, quien aseguró que en ese fuero de la provincia de Buenos Aires se desató un verdadero “colapso judicial” a raiz de la acumulación de causas por el “corralito” financiero y sus posteriores variantes. Según se pudo saber el alto tribunal remitió a la Justicia Federal de San Martín la denuncia que en su momento había formulado el abogado Gustavo Soler, quien se quejó por las demoras en la tramitación de los amparos, que se convirtieron en moneda corriente tras las restricciones impuestas a los depósitos bancarios. El letrado había señalado en su momento que las largas colas que se deben realizar para la tramitación de las presentaciones “agravian la dignidad humana”. Ahora, el presidente de la Cámara Federal de San Martín, Gustavo Fossati dió un primer paso al requerirle a Soler informes detallados de sus denuncias, a fin de que “se aborden las medidas atinentes al impulso procesal pertinente en cada caso”.
Sigue volando
El contrato por el que está en juego la concesión de los aeropuertos nacionales fue suspendido por una resolución de la juzgado federal nº 2 de San Martín que hizo lugar a una medida cautelar presentada por la compañía Servicios Aéreos PSA. La empresa se presentó a la justicia en razón de que ella usa parte del aeródromo de San Fernando por lo cual entiende que tiene derecho a participar en la renegociación, la cual extiende sus efectos al aeródromo citado.
Para mejorar las condiciones
El juez Federal de Salta Abel Cornejo hizo lugar a un pedido de habeas corpus correctivo presentado por la Defensoría Oficial de la Nación en relación a la situación por la que están atravesando los detenidos federales en esa provincia y en Jujuy. Además, Cornejo requirió con carácter urgente que el Ministerio de Justicia de la Nación gestione ante el Ministerio de Defensa de la Nación la obtención de un comodato para el uso de instalaciones militares que hoy se encuentra desocupadas, las que se encuentra en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Según el magistrado las mismas pueden ser reacondicionadas sin mayores costos a fin de que se alojen a los penados federales de Salta. Actualmente los penados se encuentran “hacinados” en diversas dependencias provinciales y de fuerzas de seguridad.
Se reabrió causa por delitos contra la propiedad intelectual
En Barcelona se ordenó a un juzgado reabrir la causa contra unos jóvenes, por un presunto delito contra la propiedad intelectual la cual había sido oportunamente. En su momento el juez que intruía la causa y a instancias del fiscal, archivó las actuaciones a instancias del fiscal por considerar que no había delito al entender que los muchachos se limitaban a negociar con los juegos en grupos reducidos de amigos y conocidos, por lo que no entendía que hubiese un "mercadeo" público. Los jóvenes imputados comercializaban videojuegos "pirateados" para computadoras a amigos en las inmediaciones del mercado de Sant Antoni de Barcelona. La reapertura de la causa se fundó en que el Código Penal sanciona a quienes distribuyan una obra de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares a la vez que las ventas se realizaban junto a un mercado dando mayor publicidad al producto pirateado y exponiendo la obra a un mayor número de personas.