Alberto Fernández inauguró el período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con un discurso plagado de críticas a la Justicia. Bajo la resignada mirada de los miembros de la Corte Suprema, el Presidente insistió en una reforma judicial y le pidió a los jueces que dejen de ser "cómplices del poder económico".
Como cada 1° de marzo, el Presidente de la Nación abrió las sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa.En su discurso, que duró poco más de una hora y media, repasó su gestión, quiso esbozar algunos planes para el futuro y le dedicó un duro mensaje a la Justicia. Con la presencia en el Parlamento de los miembros de la Corte Suprema, Fernández volvió a pedirle a los legisladores que avancen en un la tan mentada reforma judicial.
Todo indicaba que el discurso presidencial estaría abocado en el manejo de la pandemia y las negociaciones que lleva adelante el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), también se especulaba en si iba a mencionar y cómo, la invasión de Rusia a Ucrania, pero el Jefe de Estado insistió en una de las grandes consignas de su gestión: la reforma judicial. “La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de la Nación también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”, lanzó el Presidente bajo la cansada mirada tras sus barbijos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que no hicieron gestos ni emitieron comentarios al respecto. Entraron y se retiraron en el más absoluto silencio.
Hace unos días, y quizá sabiendo lo que se venía, el Máximo Tribunal había hecho una presentación para seguir el discurso del Presidente a la distancia. Sin embargo le respondieron que este año no estaba prevista esa modalidad, por lo que no tuvieron más remedio que estar presentes. Así, la transmisión oficial, los ponchó insistentemente para ver sus reacciones mientras Fernández les dedicaba sus dardos. Estoicos, los ministros, omitieron mostrar cualquier reacción.
Quien no estuvo presente fue el procurador interino, Eduardo Casal. Se dice que no concurrió cuando supo que lo relegaban a un asiento en el segundo piso, lejos de los jueces de la Corte.
“Necesitamos una reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, enfatizó Fernández y precisó que el proyecto de Reforma Judicial que envió en 2020, una de las obsesiones del oficialismo, fue aprobado por el Senado, pero en la Cámara de Diputados nunca consiguió los votos de la oposición necesarios para su aprobación. El proyecto, tenía como objetivo licuar el poder de la justicia federal de Comodoro Py y le iba a permitir nombrar cientos de jueces y fiscales nuevos.
El proyecto creaba el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, "instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico” y que también establecía una nueva sala y una secretaría de narcotráfico en la Cámara Federal de Rosario. Con el argumento de la lucha contra el narcotráfico, el presidente aprovechó para justificar que se reflote la iniciativa.
“Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave. Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal”.
El capítulo que le dedicó a la Justicia tuvo como novedoso que considerara por primera vez al narcotráfico y contrabando como brazos equivalentes del crimen organizado.
En ese sentido, agregó: "Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial" y remarcó que es necesario que el Poder Judicial "recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos".
Fernández acusó también a la Justicia de ser cómplice del "poder económico" y cuando el Ejecutivo vio frustrado que se declarararan las telecomunicaciones como servicio esencial, para poner en la órbita del Gobierno las autorizaciones para aumentar los precios. "Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital", enfatizó. “A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario” remarcó Fernández en referencia al proyecto enviado por el Ejecutivo que perdió estado parlamentario y sobre el que el oficialismo va a volver a insistir.
En su discurso el Presidente también promovió, aunque sin dar mayores detalles, modificar el funcionamiento y la integración de la Corte Suprema de Justicia, aunque sabe que no le alcanzan las mayorías para llevar el proyecto a la práctica.
El presidente nombró el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y adelantó que avanzará en la implementación del Código Procesal Penal Federal y en los mecanismos de acceso a la justicia.
"Durante la administración anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la república, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación. A la luz de lo que hoy sabemos, no habíamos llegado a tener real dimensión del enorme daño que esas intromisiones causaron" y, por ese motivo, "es indispensable que el Congreso acompañe este camino. Necesitamos contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico", finalizó el mandatario.
La única novedad
El discurso de Fernández fue largo, aburrido y previsible. Volvió sobre los temas que le interesan al oficialismo, la reforma judicial, las quejas sobre la Corte y a los Tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, el capítulo que le dedicó a la Justicia tuvo como novedoso que considerara por primera vez al narcotráfico y contrabando como brazos equivalentes del crimen organizado. Un dato que la clase política y el Poder Judicial deben incorporar a la agenda más urgente.Sin ir más lejos, la causa denominada "Mafia de la Aduana" se encuentra tansitando lalberínticos pasillos procesales en las más altas instancia de la justicia penal.
En el discurso de Fernández narcotráfico y contrabando está equiparado, pero en la práctica la distancia todavía es grande. Sin ir más lejos en la última amnistía para los delitos fiscales votada por el Congreso al principio de la gestión de Fernández, el contrabando fue incorporado junto a los delitos tributarios. Ese régimen espacial de perdón todavía está vigente, a raíz de las muchas prórrogas que tuvo por la pandemia con plazo para acogerse y extinguir la acción penal hasta el próximo 15 de marzo.