01 de Julio de 2024
Edición 6996 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 02/07/2024

Brevatas

El 1 de abril se realizará un festejo por el quinto aniversario de la entrada en vigencia de la ley orgánica del Ministerio Público | Monner Sans 2 - Barco Casino 0 | La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación inaugurará el 2 de abril la Escuela de Formación para Trabajadores de la Justicia | Piden ayuda al FBI para investigar a Domingo Cavallo por enriquecimiento ilícito | La Oficina Anticorrupción aclara que no respalda otra presunta denuncia por omisión maliciosa contra Carlos Menem | Se notificó la sentencia a los partidos políticos ilegales sindicados de pertenecer a la ETA | En España se modificaron artículos del reglamento a la ley de extranjería.

 
Acto conmemorativo con brindis

Con motivo del quinto Aniversario de la entrada en vigencia de la ley órganica del Ministerio Publico nº 24.946, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, ha dispuesto celebrar un sencillo acto conmemorativo, el que es organizado por las Comisiones del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. El acto tendrá lugar el martes 1 de abril del corriente año, en la Sede de la Asociación, Lavalle 1334, Salón Auditorio a las 18,30 hs. Finalizado el acto, que estará presidido por los Dres. Nicolás Becerra y Miguel Angel Romero, se efectuará un brindis de honor al que se encuentran invitados abogados e integrantes del Poder Judicial.

Monner Sans vs. Barco Casino: 2-0

El abogado denunciante Ricardo Monner Sans, logró en estas últimas horas dos importantes resoluciones en su cruzada contra el funcionamiento del barco casino "Estrella de la Fortuna", anclado en Puerto Madero. Una fue el allanamiento ordenado por el juez federal Jorge Ballestero, quien a raìz de los dichos del polémico abogado, quiere indagar si Casino de Buenos Aires infringe actualmente las normas que facilitaron su autorización para funcionar. La otra medida viene de la cámara en lo penal económico, quien acaba de confirmar una medida dictada en primera instancia por la que se ordenó la fijación de una custodia policial especial ante una denuncia por posible "fuga" del barco, realizada, precisamente, por Monner Sans.

A la escuela

La Unión de Empleados de la Justicia de La Nación invita al público, empleados, funcionarios y magistrados de la Justicia Argentina al acto de inauguración de la Escuela de Formación para Trabajadores de la Justicia, que se llevará a cabo el miércoles 2 de Abril, a las 14.30 hs, en el salón Auditorio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. En el acto inaugural se desarrollará un panel sobre "Estructura Judicial como Poder del Estado: La orientación social de la Justicia del Trabajo. El sistema punitivo y la política criminal", donde expondrán el Dr. Héctor Recalde y el Dr. Alberto Binder.

Quieren que ayude el FBI

La juez María Servini de Cubría quedó habilitada para pedir colaboración al Federal Bureau of Investigation norteamericano (FBI), para avanzar en una causa por presunto enriquecimiento ilícito del ex ministro de Economía Domingo Cavallo porque la Cámara Federal rechazó un recurso del ex funcionario para evitar una investigación fronteras afueras. Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani entendieron que el pedido de colaboración internacional era procedente porque lo que se obtenga puede ser "prueba necesaria" en el expediente, donde entre otros puntos se investiga la existencia de una cuenta común entre Cavallo y los banqueros David Muldford y José y Carlos Rohm, donde el ex ministro sería dueño del 10 por ciento del monto total. Para los jueces, averiguar el patrimonio actual de Cavallo es "un camino ineludible" para avanzar en el objeto procesal de la denuncia.

La Oficina Anticorrupción aclara

La Oficina Anticorrupción (OA) dependiente del ministerio de Economía aclaró que la nueva denuncia contra Carlos Menem por supuesta omisión maliciosa de ingresos y bienes no se originó en el organismo y que sólo se ocuparon de trasladar a la justicia federal una presentación del concejal riojano Pablo Díaz, que aseguró que el ex presidente sigue cobrando una pensión obtenida en tiempos de la dictadura militar que nunca consignó en su declaración jurada de bienes. "Nosotros no verificamos la veracidad de la denuncia, simplemente nos limitamos a realizar el traslado a la justicia" en este caso al juez Norberto Oyarbide quien ya instruye una causa por el mismo presunto delito, aclaró una fuente del organismo estatal.

Partidos políticos ilegales

Finalmente el Tribunal Supremo de España, máxima instancia judicial, notificó la sentencia por la cual declaró ilegal a los partidos Batasuna, Euskal Herritarrok y HB, sindicados de pertenecer a la unida separatista vasca ETA en donde dispuso el cese inmediato de sus actividades. En la resolución los jueces afirmaron que la disolución de estas formaciones supondrá la “protección a la democracia” y que la misma es resulta una "medida proporcionada". El Supremo aseveró que los partidos ilegalizados "son el complemento político de ETA" y forman parte de una estrategia común con la banda. El pronunciamiento se fundó principalmente en "las frecuentes llamadas a la violencia" realizadas por estos partidos, tanto en documentos internos como en actos externos, por lo que es "proporcional" decretar su disolución teniendo en cuenta que ETA ha matado a cerca de mil "hombres, mujeres y niños".

Modificación legislativa

La justicia española anuló 13 artículos del reglamento de la Ley de Extranjería, entre los cuales se encontraba el que permitía derivar a un centro de detención de los inmigrantes que intentan entrar en España con embarcación de motor fuera de borda. También se derogó el apartado que facultaba a funcionarios policiales para retirar el pasaporte a un inmigrante o tomar medidas cautelares, ya que el subdelegado del Gobierno es quien tiene esta competencia, y el que obligaba a los jueces a notificar a la policía ciertas sentencias. La sentencia se dio después del recurso contencioso-administrativo presentado en 2001 por las 30 organizaciones de las federaciones de asociaciones pro-inmigrantes Red Acoge y Andalucía Acoge y considera ilegal la equiparación de la persona que pretende entrar en el país con el inmigrante que ya está en tránsito o en ruta dentro de España.



dju / dju
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