Ingresó al Senado el proyecto para reformar la Corte Suprema impulsado por un grupo de gobernadores. Los números en el Congreso para sancionar la iniciativa, los antecendentes y las primeras repercusiones.
Veinticinco. Este es el número que propusieron los mandatarios provinciales para ampliar de forma “progresiva” la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El texto, que es impulsado por 17 gobernadores, ingresó formalmente al Senado este jueves, con la firma de los legisladores del Frente de Todos José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.
“Resulta importante que el número de jueces guarde alguna relación con la población, por cuanto a mayor número de habitantes genera una mayor litigiosidad que, lógicamente, llega al Tribunal por las vías procesales correspondientes", señala la iniciativa en sus fundamentos y argumenta que esa ampliación "permitirá contar con un alto Tribunal en que se eviten los altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces".
Se prevé que los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti "conserven sus cargos", pero aclara que "durante el proceso de nombramiento e integración” del Máximo Tribunal, las decisiones se adoptarán “por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que la integren al momento de adoptarlas".
Sin embargo, este no es el primer intento para cambiar la conformación del Alto Tribunal. Meses atrás, el senado nacional por San Luis Adolfo Rodríguez Saá (Frente de todos) propuso volver a la integración de nueve miembros, como era antes de la reforma de 2006, cuando se estableció un procedimiento de reducción hasta llegar a cinco miembros.
Desde el interior del Congreso reconocen que el proyecto podría “naufragar”, tal como sucedió con otras reformas impulsadas desde el Gobierno nacional. Los más optimistas consideran que la propuesta podría obtener el visto bueno del Senado, pero no así en Diputados, donde legisladores de Juntos por el Cambio ya presentaron una "declaración" en rechazo.
Sin embargo, este no es el primer intento para cambiar la conformación del Alto Tribunal. Meses atrás, el senado nacional por San Luis Adolfo Rodríguez Saá (Frente de todos) propuso volver a la integración de nueve miembros, como era antes de la reforma de 2006, cuando se estableció un procedimiento de reducción hasta llegar a cinco miembros.
Las repercusiones
Tras conocerse la iniciativa, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires la rechazó en duros términos y sostuvo que se busca reemplazar a la Corte “como tribunal supremo del país, por un órgano corporativo de representación política”.
“En síntesis, el proyecto implica una violación flagrante del principio de separación de poderes, base esencial del Estado de derecho constitucional vigente en todas las democracias del mundo civilizado”, afirmó la entidad presidida por Juan Carlos Cassagne.
Por su parte, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) cuestionó el presupuesto que se necesitaría para ampliar a 25 los miembros de la Corte y calculó que costaría anualmente $2.627.659.539, cuando actualmente es de $420.425.526.
“La Corte tiene 2.500 empleados, pero los que trabajan en los despachos de los Jueces son 55 (2%). El sueldo promedio es $587.580, equivalente a 13 salarios mínimos vitales y móviles. 21 vocalías más implican al menos 344 empleados más: $2.600 millones anuales”, dijo Carrizo desde su cuenta de la red social Twitter.
Por su parte, el ministro de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta, se mostró a favor de cambiar el número de integrantes del Tribunal, aunque advirtió: “No hay posibilidad que ningún gobierno pueda nombrar esa cantidad de jueces si no llega a un acuerdo con la oposición”.
“Tenemos la Corte más chica del mundo occidental, paradojalmente la más chica de Argentina”, advirtió el juez Erbetta en diálogo con el programa Radiópolis.
Para Erbetta, la composición actual no da abasto con la cantidad de casos que tiene que juzgar y “debería firmar una sentencia cada 20 minutos” para atender a todos.
A su vez, el abogado Félix Lonigro resaltó que el número de “miembros es discutible”, pero aseveró que “llama la atención la preocupación del oficialismo” por este tema cuando “ellos redujeron la cantidad de miembros y hoy no pueden designar un juez en la vacante” generada por la salida de Elena Highton de Nolasco.
En una reciente entrevista, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, también opinó que “se discutir reformas que mejoren el funcionamiento de la Corte y es posible que se llegue a la conclusión que hay que mejorarlo, pero cualquier reforma tiene que estar precedida de un acuerdo muy amplio”.
“Parece poco serio porque un Gobierno que no puede designar al Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo ni a la quinta vacante de la Corte ahora pretende nombrar 25. Actuar de esta manera me parece irresponsable porque contribuye a seguir desprestigiando a la Justicia y malversa la posibilidad de encarar reformas serias”, añadió.