Frente a un pedido de acceso a la información por las fallas y el funcionamiento del sistema informático, el Consejo de la Magistratura se negó a responder gran parte de las preguntas al considerar que se tratan de datos reservados y que podrían comprometer la seguridad.
La asociación civil Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer detalles de las últimas fallas que sufrió el sistema Lex 100, certificaciones ISO, estadísticas de errores, entre otras cuestiones. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura de la Nación no evacuó todas las dudas.
Según pudo saber Diario Judicial, la organización solicitó que se informe la totalidad de incidentes informáticos registrados y la copia del código fuente del sistema, como también efectuó preguntas como las siguientes: “¿Se cuenta con algún informe estadístico que distinga los días o condiciones bajo los que habitualmente colapsa el sistema?, ¿Se está trabajando en una alternativa?, ¿Cuántos usuarios pueden acceder al sistema? ¿Para cuántos usuarios concurrentes está diseñado?”.
Gran parte de las preguntas efectuadas no fueron respondidas, argumentando que se trata de información reservadas. En este sentido, el Consejo de la Magistratura de la Nación invocó el artículo 8, inciso C de la ley 27.275, el cual exceptúa de proveer la información cuando se trate de "secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado”.
Tampoco se respondieron las preguntas sobre la arquitectura del sistema, al entender que en caso de brindarse "los datos requeridos, podría verse comprometido su correcto funcionamiento, dado que se facilitaría el diseño de ataques específicos a partir del conocimiento de las características de la arquitectura adoptada, lo que incluso podría atentar contra la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información alojada”.
Tanto la Dirección General de Seguridad Informática como la Dirección General de Tecnología brindaron escasos detalles sobre los incidentes ocurridos a lo largo de 2021. Alegaron que “si se informasen los detalles específicos de los inconvenientes técnicos, la documentación de la infraestructura del sistema Lex 100 y su código fuentes, podría exponerse al sistema a un escenario proclive a recibir ataques externos, dado que a partir del análisis integral de esos datos podría identificarse la presencia de un patrón de funcionamiento, lo que potenciaría las posibilidades de eventuales ataques informáticos”.
“El sistema no colapsa”, alegó la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura, aunque reconoció que “sí se producen picos de uso propios de la dinámica judicial”.
Tampoco se respondieron las preguntas sobre la arquitectura del sistema, al entender que en caso de brindarse "los datos requeridos, podría verse comprometido su correcto funcionamiento, dado que se facilitaría el diseño de ataques específicos a partir del conocimiento de las características de la arquitectura adoptada, lo que incluso podría atentar contra la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información alojada”.