Queda para el debate, la cuestión de cómo puede ocurrir que, si el Código Procesal establece un plazo de cuatro meses para hacer la instrucción y elevar la causa a juicio, Fassi Lavalle debe quedar en libertad después de dos años de detención, sin que se sepa cual es el tribunal en lo Penal Económico, (el 2 o el 3) que lleve a cabo las audiencias del juicio oral y público. Una pista en ese sentido, la dio hoy el juez Julio Cruciani quien atribuyó a la DGI la responsabilidad por la mora que afectó el desarrollo del proceso
La causa contra Fassi Lavalle se inició en octubre de 1997 a raíz de una denuncia de la Dirección General Impositiva, organismo que lo acusó a él y a su esposa Elizabeth Mazzini de haber evadido el pago de mas de doce millones de pesos.
El tribunal integrado por los camaristas Luis Gustavo Losada, Cesar Osiris Lemos y Claudio Gutiérrez de la Cárcova (éste último se opuso a la aplicación de las normas del Pacto de San José de Costa Rica) dispuso ayer la libertad bajo caución real de Fassi Lavalle, a quien le impuso una serie de condiciones para el tiempo en que deberá aguardar el desarrollo del juicio oral y público.
De conseguir los cien mil pesos fijados como caución, la resolución establece que el ex funcionario deberá fijar domicilio real del cual no podrá ausentare por mas de 24 horas sin autorización del tribunal, entre otras medidas restrictivas atinentes al régimen de excarcelación.