Comenzará a regir en la ciudad de Corrientes el nuevo Código Procesal Penal de la provincia y el Superior Tribunal de Justicia prepara capacitaciones de manera intensa, ya que se trata de la circunscripción con más demanda.
El martes 8 de noviembre comienza a regir en la ciudad de Corrientes el nuevo Código Procesal Penal, que ha ido implementándose de modo paulatino en la provincia desde septiembre del año 2020.
Ante la inminente entrada en vigencia de la norma, el Superior Tribunal de Justicia, a través de los ministros Eduardo Panseri y Alejandro Alberto Chain, organiza un taller el día lunes 31 de octubre a las 17 horas en la sede del Colegio de Abogados, Tucumán 570, para profesionales del derecho.
Tras 48 años sin reformas, que lo ubicaban como uno de los territorios más desactualizados en la materia, la provincia de Corrientes aprobó en 2019 un nuevo Código Procesal Penal y que, desde 2020, comenzó a implementarse paulatinamente en distintas circunscripciones judiciales. Ahora le llegó el turno a la capital.
Entre los temas a abordar además de los principios rectores de las Oficinas Judiciales, se cuenta el manejo del sistema informático: ingreso al sistema citymis, solicitudes de audiencias penales, agenda, pedidos de cancelaciones o suspensiones, visualización de Audiencias programadas, y reprogramación.
Tras 48 años sin reformas, que lo ubicaban como uno de los territorios más desactualizados en la materia, la provincia de Corrientes aprobó en 2019 un nuevo Código Procesal Penal y que, desde 2020, comenzó a implementarse paulatinamente en distintas circunscripciones judiciales. Ahora le llegó el turno a la capital.
Uno de los cambios más significativos es que introduce el principio de oralidad, es decir, que de ahora en adelante en los procesos judiciales primará la oralidad, sin excluirse la escritura, al tiempo que funda el proceso de flagrancia, que acelera los tiempos de la justicia, con lo que en un mes debe juzgarse la situación del imputado.
Sobre las atribuciones, detalla que el fiscal puede eximir a la policía, total o parcialmente, de recibir denuncias, en los lugares en los que tenga disponible una oficina que garantice el derecho a denunciar. Asimismo, establece el juicio abreviado, donde se da un acuerdo entre fiscal y el imputado para una acusación que incluya la solicitud de pena, coordinada por las partes, así como el ejercicio de videoconferencias, que permitirá que en algunos casos que las declaraciones se realicen mediante este sistema.
La nueva normativa sostiene que se debe garantizar justicia en plazo razonable y, para ello, el tiempo máximo de duración del proceso será entre 3 y 6 años. También suma el juicio por jurados.