La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados recibió a jueces, fiscales y especialistas para analizar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal santafecina, en el marco de la problemática del narcotráfico. Ente otras, se propone la creación fiscalías y juzgados en localidades como San Lorenzo y Rosario.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación recibió a jueces, fiscales y especialistas para analizar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, en el marco de la creciente crisis por la problemática del narcotráfico.
Concretamente, el proyecto de ley propone la creación de 13 fiscalías, 6 jueces de garantías en distintas ciudades, agrega un juzgado de garantías y fiscalías con competencia en el departamento San Lorenzo, crea 6 jueces de revisión -tres para Santa Fe y tres para Rosario- y 2 jueces de ejecución.
El primero en exponer fue Aníbal Pineda, juez federal en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y subrogante del Tribunal oral en lo criminal federal 2 de Rosario, quién aseguró que “hoy lo que está en discusión son las reglas del juego, de la democracia y el estado de derecho. Si hoy no actuamos con fortaleza y de forma coordinada entre todos los poderes, lo que está en discusión en Rosario son esas reglas de juego”.
Ricardo Moisés Vásquez, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, a su turno, explicó que “si los jueces federales vamos a andar paseando por todas las jurisdicciones y no contamos con todo a disposición para realizar audiencias con celeridad y regularidad; si no completamos el sistema con los cargos mencionados de forma rápida, esto no funcionará”.
“Desde hace diez años, se triplica la media nacional de homicidios. Este año hasta se podría cuadruplicar. Eso significa que hay una constante de 20 o 21 homicidios cada 100 mil habitantes en la zona de Rosario. El 75% de estos homicidios se generan en disputas territoriales del narcotráfico”, agregó el magistrado.
Luego, Aurelo Cuello Murúa, del Juzgado Federal de Venado Tuerto, con competencia múltiple expresó que “la legislación penal asumió el compromiso de tipificar nuevas formas de criminalidad organizada, responde a compromisos internacionales asumidos por nuestro país y a la aparición de nuevos fenómenos criminales de alta relevancia social”.
“El fundamento establece que la organización de los recursos apunta a tener investigaciones más dinámicas. Ese es un punto central, porque con la instauración del sistema acusatorio, quien tiene la dirección de la investigación es el fiscal federal”, aseveró Cuello Murúa. “Es correcto lo que trata el proyecto de crear más fiscalías federales, pero creo que los fiscales van a necesitar de recursos y medios necesarios para impulsar sus investigaciones”, advirtió.
Ricardo Moisés Vásquez, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, a su turno, explicó que “si los jueces federales vamos a andar paseando por todas las jurisdicciones y no contamos con todo a disposición para realizar audiencias con celeridad y regularidad; si no completamos el sistema con los cargos mencionados de forma rápida, esto no funcionará”.
Juan Manuel Olima Espel, abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Políticas, celebró “la intención de que vayamos al acusatorio, desde Procuración hemos hecho muchas cosas para que sea implementado”.
“Toda la gente de Santa Fe, tanto de la justicia provincial como federal, sabe del trabajo de la PROCUNAR con el Ministerio Publico de la Acusación, formando equipos conjuntos de investigación, para compartir información con la justicia provincial, que es la forma de trabajar el narcotráfico”, agregó.
Finalmente, Federico Reynares Solari, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, manifestó que “nos hace falta fundamentalmente músculo investigativo, laboratorio de investigación y expertos investigadores”.
Por otra parte, agregó que, desde el Ministerio Público Fiscal, “los cuadros que nosotros podemos elegir tienen una certificación institucional que el Poder Judicial no tiene. En el Ministerio Público Fiscal, hay un mecanismo institucional que garantiza el piso de idoneidad”.
En tanto, el juez de primera instancia de distrito en lo penal de la justicia ordinaria de Santa Fe, Román Pablo Lanzón, fundamentó que “lo más destacable de este proyecto de ley tiene que ver, principalmente, con que ha sido firmado por todas las fuerzas que representan el poder político partidario de la provincia de Santa Fe”.
“Hay un fuerte compromiso de quienes nos representan para avanzar firmemente hacia la implementación del sistema acusatorio previsto en el Código Procesal Penal Federal. Esto es muy importante porque el sistema procesal penal que rige hoy en la justicia federal es arcaico, es deficiente e inconstitucional”, agregó el juez.