Por la acordada 13.774, la Corte de Justicia de Salta aprobó una iniciativa promovida por la Oficina de Género, a cargo de la jueza de Corte, Sandra Bonari. De esta manera, a partir del 1 de enero de 2023 para el ascenso y promoción en la carrera judicial se deberá acreditar la aprobación de las capacitaciones exigidas por la Ley Micaela, en materia de discriminación y violencia hacia las mujeres en razón del género. La acordada también establece que en toda contratación que suponga atención al personal judicial o al público en general, también se exigirá la aprobación de Ley Micaela.