El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal rechazó la media sanción por parte de la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la ley de prevención del lavado de dinero, en cuanto incluye a los matriculados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de sus clientes ante la UIF. El Consejo Directivo aprobó el dictamen de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance que sostiene que las recomendaciones del GAFI no requieren necesariamente la inclusión de los abogados como sujetos obligados, toda vez que las notas interpretativas de las mismas recomendaciones permiten excluirlos cuando las actividades que interese controlar se encuentren ya incluídas en las leyes u otros medios coercitivos.