22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

La jubilación no siempre es un "beneficio"

Cuatro ex funcionarios y más de 120 beneficiarios de jubilaciones “truchas” otorgadas en La Rioja fueron procesados, sin prisión preventiva, por el juez federal Jorge Urso. La investigación estuvo encabezada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien había requerido la medida ahora dispuesta por el magistrado. En la lista figura una ex diputada nacional.

 
El juez federal Jorge Urso procesó sin prisión preventiva a cuatro funcionarios y más de 120 beneficiarios de las llamadas “jubilaciones truchas” otorgadas a través del Banco de La Rioja, confirmaron fuentes judiciales.

Los funcionarios son José Antonio Rico y Ema Beatriz Cáceres, interventor y subinterventora del Instituto Provincial de Seguridad y Asistencia Social; y Eduardo Wilson Cortéz y Jorge Eugenio Martínez, del organismo interjurisdiccional responsable del otorgamiento de los beneficios.

En más de 260 carillas, el juez expone que “si bien los sucesos presuntamente ilícitos que resultan ser objeto del sumario, a primera vista se presentan como sencillos” no fue esa la característica del sumario, cuya instrucción fue impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán.

El juez explica que en La Rioja se otorgaron “en forma irregular gran cantidad de beneficios jubilatorios al amparo de las leyes provinciales 5546 y 5957, en desmedro de las arcas del Estado, fraguando documentación que indicaba que los beneficiarios habían prestado servicios en el Banco provincial al día 30 de mayo de 1994”.

Entre las numerosas maniobras irregulares constatadas figura la existencia de documentos de identidad con adulteraciones, constancias apócrifas de servicios y documentación falsificada.

Urso concluyó que de la lectura del legajo, se trató de “una maniobra criminal”, donde “la mayor parte de los imputados fraguaron documentación que luego utilizaron para obtener beneficios que no les correspondían, defraudando de este modo a la administración pública”.

Además de involucrar a los funcionarios, el juez decidió procesar a la mayoría de los beneficiarios de las jubilaciones irregulares otorgadas. En esta lista se incluyen 125 personas, entre las que se destacan una prima política del ex presidente Carlos Menem, Miriam del Valle Castro y la ex diputada nacional Marta Liliana Rivadera.

Sin embargo, al declarar como imputada, Rivadera aseguró que fue objeto de una “persecución política” que comenzó porque “había detectado la vinculación de la diputada América González” con un estudio de abogados de la Capital Federal.

Por otra parte, el juez dictó la falta de mérito de 12 abogados que firmaron los expedientes jubilatorios irregulares y de 18 beneficiarios de pensiones.



dju / dju
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