El ministro Gustavo Beliz tomó juramento a los funcionarios que lo vienen secundando desde su asunción. Así, quedaron oficializadas las designaciones de Fleitas Ortíz de Rozas, que ocupa la Secretaría de Política Judicial y Asuntos Legislativos, Pablo Lanusse, como secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, Norberto Quantín como secretario de Seguridad Interior y Eduardo Luis Duhalde, en la Secretaría de Derechos Humanos. En la misma ceremonia, efectuada fuera del edificio del ministerio, asumió su cargo Javier Castrilli, quien llevará adelante el Programa de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos y José María Campagnoli como subsecretrio de Protección Civil.
Voto electrónico
La resolución 9/2003 del Ministerio del Interior dispuso la creación de un grupo de trabajo en la órbita de la Dirección Nacional Electoral con el fin de analizar y estudiar el voto electrónico y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos electorales. La resolución señala que en los últimos años se ha difundido en la experiencia internacional, el uso de nuevas tecnologías de aplicación a diversas etapas del proceso electoral las que deben estudiarse y compararse tanto desde el punto de vista institucional, como normativo. El grupo, presidido por el Director Nacional Electoral e integrado por el Dr.Antonio Magliano, la Dra.Marcela Basterra, la Lic.Barbara Marcilese y la Lic.Candelaria Fernández, deberá confeccionar un proyecto estratégico de incorporación de las nuevas tecnologías al proceso electoral, dentro del plazo de 100 días -hábiles o corridos- del dictado de la resolución el que podrá prorrogarse. Asimismo invitará a representantes de las áreas gubernamentales relacionadas con la materia a integrar una Comisión Consultiva con el objeto de emitir informes no vinculantes. También podrá proponer al Ministro del Interior la constitución y coordinación de Foros de Opinión en forma complementaria a la labor de la Comisión Consultiva a efectos de recibir información, opiniones y comentarios de todos los actores y sectores involucrados en la temática.
Rechazo
En un comunicado de prensa, la Asociación de Ahorristas de la República Argentina (AARA) expresó su rechazo a las “presiones de orden político e institucional sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida que crean nuevas tensiones que atentan contra la estabilidad institucional y la democracia.... AARA advierte a toda la sociedad civil sobre esta nueva e insólita escalada, anunciada como destinada a conformar la composición del máximo cuerpo de un poder del Estado, según los puntos de vista y valoraciones morales de otro poder.” Los ahorristas, expresaron conocer en carne propia las consecuencias que conlleva el no respeto al normal juego institucional y a la Constitución Nacional. En este sentido señalaron que repudian este intento de manipular la actual composición de la cabeza de uno de los poderes del Estado. “No podemos aceptar pasivamente que se reiteren operaciones para colocar al poder que vela por lo derechos y garantías de los ciudadanos, bajo la influencia ilegal e ilegítima de una administración o de un partido,” concluye el comunicado.
Solicitan revisión en el PAMI
La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó ante las nuevas autoridades de la obra social del PAMI un escrito con el fin de que se analice y revea un contrato para cubrir servicios odontológicos que al parecer sería irregular, según se desprende del documento En ese sentido, el defensor Eduardo Mondino precisó que la presentación tiene como fin que el nuevo presidente del PAMI, Juan González Gaviola, revise o anule el contrato que se firmó el 15 de mayo y por seis meses en la suma de 22 millones de pesos. El mismo comprendería "una contratación directa de servicios de odontología de todos los jubilados y pensionados del país".
Un juez sin fronteras
El Foro de Abogados de San Juan presentó un pedido de enjuiciamiento contra el Juez de Paz del departamento San Martín, Alejandro Aguiar Arévalo, a quien acusa de varias irregularidades cometidas en el ejercicio de su función. Según la entidad, la Corte de Justicia provincial dejó en evidencia a través de varias auditorías la comisión de múltiples fallas por parte de Arévalo, principalmente en la tramitación de causas como juicios ejecutivos contra deudores de tarjetas de crédito, financieras y entidades bancarias, que debían gestionarse en la capital provincial y no en el departamento donde revista Arévalo, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de San Juan. Además, el Foro de Abogados asegura que existe mala conducta y desconocimiento del derecho, en la actividad del juez.