La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación emitió un comunicado donde aseguró que para la implementación inmediata del sistema acusatorio que pretende realizar el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se necesita “una adecuada estrategia de transición y de previsión de recursos”.
En declaraciones periodísticas, Cúneo Libarona aseguró que su prioridad es la implementación urgente del nuevo Código Procesal Penal Federal. El mismo se realizará “obligatorio con los medios que tenemos, sin esperar tener la plata; hay que hacerlo ya y con fuerza, y los jueces y fiscales tienen la suficiente capacidad para hacerlo", ya que “si yo me detengo no sale nada; lo hacemos con los cargos y edificios que hay; vamos a hacerlo ya, porque sino, no sale”.
Para los fiscales “resulta riesgoso para la legitimación del mecanismo y de sus operadores, que el traspaso integral del sistema penal mixto a un acusatorio y oral se haga con los recursos y herramientas existentes, porque como ya lo manifestamos, el nuevo mecanismo no sólo requiere cambios estructurales en el Ministerio Público Fiscal”.
Los funcionarios destacaron que, si bien los procesos son más transparentes y ágiles bajo esta modalidad, “implica un incremento considerable de las tareas del Ministerio Publico Fiscal, que requiere una reformulación organizativa, con la multiplicación por tres de la dotación de los fiscales existentes, mayores recursos humanos, edilicios y técnicos compatibles con las nuevas funciones”.
Para los fiscales “resulta riesgoso para la legitimación del mecanismo y de sus operadores, que el traspaso integral del sistema penal mixto a un acusatorio y oral se haga con los recursos y herramientas existentes, porque como ya lo manifestamos, el nuevo mecanismo no sólo requiere cambios estructurales en el Ministerio Público Fiscal”.
En esa línea, los firmantes agregaron que es esencial “rediseñar la gestión profesional de los jueces, quienes adoptan un rol totalmente diferente en lo referente a la gestión de las investigaciones; incorporar la oficina judicial; la construcción y equipamiento de las salas para los juzgados de garantías, de revisión, de juicio oral y de ejecución de penas y la inversión en recursos tecnológicos para su operación”.
“La exteriorización de la preocupación señalada, en modo alguno pretende interferir en la función gubernativa del Estado, ni mucho menos opinar sobre quien debe ser el magistrado que lleve adelante la implementación o la evaluación de las necesidades del sistema acusatorio, por el contrario, como asociación, pretendemos ponernos a disposición de las autoridades políticas y judiciales, para colaborar y acompañar cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un mejoramiento de la función judicial, y en particular de la tarea de los fiscales”, concluyó el comunicado publicado.