El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dispuso, a través de la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ, la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
El Ministerio de Justicia determinó llevar a cabo dicha auditoria debido a que “se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
“El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, concluyó el comunicado emitido.
La Auditoría surgió a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa "Martinez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", y que confirmó la Sala Il de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En dicha causa, según detalló el organismo, “se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional”.
“A su vez existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”, agregó la Cartera de justicia.
“El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, concluyó el comunicado emitido.