El compromiso fue avalado por el juez federal de distrito Jed Rakoff, quien en un pronunciamiento destacó las tareas que realizó la empresa con el fin de salvar la situación y por la cooperación que demostró hacía el veedor judicial que fuera designado por la Corte de los EE.UU.
En ese sentido, el magistrado afirmó que desde el alto cuerpo de justicia se tiene la certeza de que ninguna gran compañía acusada de fraude se logró desembarazar en forma “tan rápida y completamente de los delitos del pasado inmediato” y tomó tales pasos “extraordinarios para prevenir tales delitos en el futuro".
Además, manifestó que el acuerdo propuesto no sólo “es justo y razonable”, sino que también es el mejor desenlace que cualquiera puede esperar". Los fondos y las acciones se distribuirán así entre los tenedores de bonos y los accionistas que perdieron dinero a causa de la bancarrota de esa empresa.
Asimismo, desde la empresa, que paso a llamarse MCI marca de su negocio de telefonía residencial de larga distancia, expresaron que se hicieron progresos significativos en la reconstrucción de la compañía y que tenían la certeza de que el fallo era “una reflexión positiva de la dedicación y el trabajo duro de los 55 mil empleados”.
En tanto, voceros judiciales adelantaron que la multa, que todavía debe ser aprobada por un juez de bancarrotas, será pagada con 500 millones de dólares en efectivo y 250 millones en acciones de la empresa una vez que haya finalizado el proceso falencial.
De la decisión del magistrado de quiebras en cuanto apruebe o no el acuerdo en forma definitiva depende que los accionistas de la firma logren recuperar parte del dinero que perdieron cuando estalló el escándalo financiero.