El abogado Gonzalo Torres de Tolosa, involucrado en los pedidos de extradición del juez español Baltasar Garzón por crímenes cometidos durante la última dictadura militar Argentina, denunció a Baltasar Garzon, al canciller Rafael Bielsa, al camarista Gabriel Cavallo, al ex juez federal Gustavo Literas a los fiscales Eduardo Freiler, Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial, a jueces de la audiencia nacional española y testigos que declararon en España por “privación ilegal de la libertad, tormento y traición a la patria” a la vez que reclamó la “repatriación” de Scilingo y Ricardo Cavallo, extraditado recientemente a España. La actividad delictiva denunciada “se materializa en las rogatorias enviadas con anterioridad al país por Garzón: la de los 48 en el año 2000 y la de los 18 en el año 2001” y en la reciente rogatoria. En lo central de la presentación expresó que el plexo jurídico que violan estas rogatorias es complejo, fundamentalmente contra el actual art. 118 de la Constitución Nacional que fija el principio pétreo de territorialidad y un fallo plenario de aplicación obligatoria para los Tribunales argentinos que consideró “inadmisible que el hecho que habría ocurrido dentro del ámbito de la jurisdicción territorial de la República Argentina, cuyos imputados son nacionales, quede sujeto a juzgamiento por parte de un estado extranjero”. En relación a Bielsa dijo que “podría resultar incurso en el delito de traición a la patria debido a que diferentes manifestaciones periodísticas suyas menoscaban la independencia e integridad de la Nación y presumen su participación en la actividad delictiva denunciada”. Nuestros tribunales “son los únicos competentes para intervenir en la actividad delictiva de la cual es víctima el capitán Cavallo”, dijo Torres de Tolosa en la denuncia (en texto adjunto se acompaña) que quedó radicada en el Juzgado Federal 7, a cargo transitoriamente del juez Jorge Urso. En el escrito, Torres de Tolosa se defiende de las imputaciones que en su contra lanzó en Madrid el ex marino Adolfo Scilingo, a quien calificó como “alcohólico y cobarde”. Torres de Tolosa destacó asimismo que a pesar de estar imputado por las declaraciones en España, de haber participado en los denominados “vuelos de la muerte” tiene prueba negativa de ello ya que no puede subir a un avión porque padece de una enfermedad crónica y congénita que se lo impide. (TEXTO AL FINAL)
Caso Prats: extradiciones en danza
El ministro de la Corte Suprema de Chile, Nibaldo Segura fue designado para indagar la petición de extradición de los ex agentes de la DINA Mariana Callejas y el coronel (R) Christoph Willike, pedida por la juez María Servini de Cubría, en la causa donde se investiga el doble homicidio del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires en setiembre de 1974. Callejas y Willike fueron procesados por Servini por formar parte de la asociación ilícita que funcionó en el Departamento Exterior de la temible policía secreta de Pinochet, la DINA y en calidad de partícipes necesarios del doble crimen. Chile ya rechazó las extradiciones a la Argentina de otros miembros de la DINA, como el general retirado Manuel Contreras, pero abrió procesos judiciales en Santiago, lo que podría ocurrir también con estos nuevos pedidos.
Denuncia penal contra empresarios y funcionarios
El abogado Juan Carlos Iglesias denunció al empresario Sergio Taselli, accionista de la empresa ferroviaria Transportes Integrados Metropolitanos, y a funcionarios del área por presunto “fraude en perjuicio de la administración pública”, se informó en los Tribunales Federales. El letrado basó su presentación en publicaciones periodísticas que dieron cuenta de una presunta intención oficial de no pagar los subsidios con las empresas privadas de ferrocarriles a través de un informe del ex subsecretario de transporte ferroviario, Julio Montaña. Según la denuncia, una semana después el secretario de transportes Ricardo Jaime aprobó el giro de los subsidios, y casi al mismo tiempo se despidió al coordinador de los inspectores, Pedro Condori, quien aseguró a la prensa que se lo apartó porque “no aceptó” un pedido para cambiar un dictamen negativo para las empresas. Iglesias, cuya denuncia recayó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, aseguró que se trata de “una clara maniobra defraudatoria perpetrada por los beneficiarios de los subsidios con la participación necesaria de Ricardo Jaime y de Julio Montaña, funcionarios que habrían incurrido además en falsificación de instrumento público”.