28 de Junio de 2024
Edición 6995 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/07/2024

Reclaman la habilitación de una fiscalía en Luján

De prosperar un proyecto de ley presentado recientemente en la legislatura bonaerense y de acuerdo a los índices de hechos delictivos que en ese distrito se registran en los últimos meses, podría concretarse la habilitación de una unidad funcional de instrucción en la ciudad de Luján, correspondiente al departamento judicial de Mercedes.

 
Así surge de la presentación efectuada por la diputada (PJ) Dra. María Inés Fernández, de la Primera Sección Electoral, quien en los fundamentos de esa requisitoria señaló que la creación de esa dependencia responde al "objeto de posibilitar el rápido acceso de los ciudadanos a la Justicia y combatir el incremento de delitos en la región"

Asimismo, se solicitó que la fiscalía en cuestión tenga competencia territorial en los partidos de Luján, Bragado, General Las Heras, General Rodríguez y Navarro, y estará a cargo de un Agente Fiscal.

La iniciativa propone la modificación del artículo 15 inc. b) de la Ley 5827, Ley Orgánica del Poder Judicial, para posibilitar que el Departamento Judicial de Mercedes pueda trasladar hacia Luján una de las nueve Unidades Funcionales de Instrucción con que cuenta en la actualidad.

“El traslado de una de las UFI que actualmente tienen su asiento en Mercedes a la ciudad de Luján brindará la posibilidad de dar respuesta inmediata a un importante sector de la población de este Departamento Judicial, quienes muchas veces se ven imposibilitados de ejercer su derecho de acceso a la Justicia por las dificultades económicas, de traslado y de distancia que implica iniciar y llevar adelante una causa en Mercedes”, explicó la diputada Fernández al justificar su proyecto.

“Que los vecinos tengan esta herramienta institucional más a mano será fundamental para combatir el incremento de los hechos delictivos, que desgraciadamente en número y violencia han avanzado considerablemente año a año”, dijo la legisladora lujanense.

“Con la reforma instrumentada sobre el Código Procesal Penal en 1998, la investigación de todos los hechos delictivos quedó a cargo exclusivamente de los fiscales, por lo que se torna imprescindible reforzar su presencia en cada uno de los distritos para que actúen con celeridad ante cada caso, sin que deban esperarse largos traslados que demoran sustancialmente sus intervenciones”, subrayó Fernández.

Sin generar mayores costos para el erario público, el proyecto se enmarca en la necesidad de responder de forma más eficiente a la compleja dinámica de la realidad actual, permitiendo actuar a los funcionarios judiciales en base al principio de inmediación y descentralización de la gestión.



dju / dju
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