La entidad, presidida actualmente por el defensor adjunto Alejandro Nató, realizó el pedido por medio de una resolución en donde se analizó en forma pormenorizada de que manera afectaría a los deudores la aplicación de ese índice y pidió la creación de una comisión integral que analice, evalúe y proponga una solución integral a los mismos.
En ese sentido, el documento destacó que la reciente comunicación oficial por la que se decretó la actualización del salario mínimo, vital y móvil, “colocó a los deudores en estado de alerta”, ya que todo indica que “la aplicación del referido coeficiente –al estar ligado a la evolución de los salarios- impactará en el monto de las cuotas que los deudores venían abonando, provocándose un incremento exorbitante de las mismas con la consecuente imposibilidad de ser afrontadas”.
Asimismo, el informe si bien reconoció que no caben dudas que comenzar a recuperar el salario frente a la pérdida del poder adquisitivo operado a partir de la devaluación “es una medida acertada”, advirtió que “no debe perderse de vista que tal circunstancia implicaría que el CVS se termine equiparando al Índice de Salarios y, por lo tanto, las deudas hipotecarias, prendarias y personales, así como los cánones locativos alcanzados por este coeficiente, se verían acrecentados en el orden de un 15 por ciento”.
De ese modo, la entidad opinó que la subsistencia del índice tal como esta planteado, tornaría “ilusoria la pretendida recomposición salarial para los deudores”, que en su enorme mayoría, destacó, “no podrán sostener el pago de sus compromisos”.
En tanto, la Defensoría afirmó que atendiendo al reclamo y la preocupación social generada en torno a la aplicación del CVS, y a las múltiples presentaciones formuladas por vecinos de la Ciudad, no podía menos que adelantar su opinión en orden a “desaconsejar su aplicación”, y alentar “la búsqueda de soluciones alternativas”.