22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

De juicios políticos y destituciones

El juez federal Abel Cornejo respondió con un escrito ante la Comisión de Acusación del Consejo, a las promesas de juicio político que le hicera una diputada del ARI en declaraciones a distintos medios. Ricardo Lona, por su parte, presentará mañana su descargo ante el mismo cuerpo por la masacre de Las Palomitas. Mientras tanto, Oyarbide se mostró calmado ante el pedido de destitución aprobado por la Comisión de Juicio Político de Diputados.

 
La posible promoción de un juicio político en contra del juez federal Abel Cornejo y los tres pedidos en contra del camarista Ricardo Lona ponen a los magistrados salteños ante el Consejo de la Magistratura quien deberá analizar si existen causales que habiliten la conformación de procesos de remoción en contra de ambos.

En ese sentido, Cornejo descalificó el intento de juicio político que presentaría en su contra la diputada el ARI Marcela Bordenave, a raíz de que en un fallo ordenó retirar el nombre de un abogado de los listados de la CONADEP.

En ese sentido, el juez presentó un escrito ante la Comisión de Acusación del cuerpo, que también integra, en el cual expresó su "honda preocupación" a raíz de la "intolerancia" que generó en algunos sectores el fallo por el cual podría llegar a ser sometido a un proceso de juicio político.

En el fallo en cuestión, el magistrado dispuso que los datos del abogado Alberto Sosa sean quitados de los registros del libro Nunca Más. El juez fundó la decisión que tomó en razón de que Sosa fue incluido en esas listas a partir de un anónimo que tuvo "no sólo la intencionalidad de involucrar al demandante en hechos aberrantes de terrorismo de Estado sino también la de perjudicarlo".

Asimismo, aseveró que fue la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la que en su momento "admitió” que el abogado no estuvo involucrado en delitos de lesa humanidad, ni figura en procesos judiciales".

En tanto, su par, el camarista Ricardo Lona se deberá presentar mañana también ante el Consejo, ya que los integrantes de la Acusación tienen intenciones de que éste aclare algunos puntos sobre la denominada “Masacre de las Palomitas”, una causa por la cuales tiene tres pedidos de juicio político en su contra.

Al parecer, Lona no se presentaría personalmente en el cuerpo sino que presentaría un escrito en donde brindaría detalles de los hechos que ocurrieron el 5 de julio de 1976 cuando presuntos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) detenidos a disposición del Poder Ejecutivo en la cárcel Villa Las Rosas fueron sacados del penal para su "traslado a la ciudad de Córdoba".

Esa orden de traslado había sido impartida por el magistrado cuando se desempeñaba como titular del juzgado federal número uno, pero los supuestos miembros del ERP habrían sido "fusilados con alevosía" en el paraje Las Palomitas.

”Hay que aguardar el desarrollo de todo el proceso”

Así lo manifestó el juez federal Norberto Oyarbide, en respuesta al pedido de destitución aprobado el pasado jueves por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que tratará el tema en la próxima sesión para ser elevado al Consejo de la Magistratura.

En este sentido, Oyarbide aseguró que "no" renunciará a su cargo" y que el pedido de juicio político o su promoción “es siempre una posibilidad, como una espada de Damocles que está sobre la cabeza de cualquier magistrado".

"Hay que saber enfrentar las cosas con cuidado y confío esencialmente en un análisis criterioso de toda la cuestión, dado lo particular y delicado de un pedido de juicio político", expresó. En este sentido, explicó que “es necesario tener la prudencia y el cuidado que el caso amerita" y agregó que cuando tenga que hablar ante el Consejo de la Magistratura "será la oportunidad para expresarse".

La Comisión de Juicio Político de la Cámara baja dio ya un dictamen sobre un proyecto de resolución que sería tratado en la próxima sesión del recinto, cuando se solicitaría la destitución del juez Oyarbide y del fiscal general Carlos Sáenz. De ser aprobado por el pleno del cuerpo, el caso del magistrado deberá ser enviado al Consejo de la Magistratura, en tanto que el caso de Sáenz al Ministerio Público.



dju / dju
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